La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que corresponde aplicar a las pensiones la subida del 0,25% aprobado para 2017 y apunta a que, sin medidas adicionales, esa subida mínima garantizada por ley será también la que se aplique, al menos, hasta 2022. Esta senda conllevaría una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 7 % hasta 2022, recordaron fuentes de la AIReF, que aplaudieron el ejercicio de transparencia hecho por el Gobierno a la hora de facilitar información sobre la aplicación de ese Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) en este ejercicio. En este sentido, el citado organismo asegura que, si se tomara la decisión sin ese mínimo, únicamente en base a los ingresos y gastos de la Seguridad Social, las pensiones deberían bajar un 2,96%.
Por otra parte, los sindicatos CC OO y UGT criticaron ayer que el Gobierno haya decidido utilizar la fórmula del préstamo a la Seguridad Social para financiar la paga extra del mes de julio, por un importe de 10.000 millones de euros. A su juicio, esta decisión es contraria a la ley ya que la legislación dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que aumentan la deuda. Además, a juicio de estas organizaciones, la concesión de un crédito en lugar de buscar una solución definitiva arroja a la opinión pública un mensaje de incertidumbre.
