04 de julio de 2017
04.07.2017

Cuatro accionistas alicantinos denuncian al Popular por falsedad contable y estafa

La actuación se dirige contra el expresidente Ángel Ron y la propia entidad al considerar que las cuentas no reflejaban su situación real

05.07.2017 | 00:30
Una de las sucursales del Banco Popular en Alicante.

Los afectados alicantinos por la intervención y posterior venta por un euro del Banco Popular se suman a la ofensiva judicial contra los responsables de la entidad. Hasta cuatro de ellos han decidido agruparse para presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional en la que acusan al expresidente de la entidad Ángel Ron, al propio banco y la «administración de hecho y de derecho» del mismo de los presuntos delitos de falsedad contable y de estafa de inversores y de crédito, al considerar que las cuentas de la sociedad no reflejaban su verdadera situación.

Los cuatro afectados invirtieron unos 220.000 euros en títulos del banco, que perdieron como consecuencia de la intervención, y están representados por el bufete Meler Abogados, que ya fue el primero en la provincia en entablar acciones civiles en nombre de uno de sus clientes para exigir la nulidad del contrato de compraventa de acciones de la entidad, por los mismos motivos.

Según el escrito al que ha tenido acceso este diario, registrado en la Audiencia Nacional el pasado 29 de junio, los denunciantes consideran «evidente que las cuentas de la entidad no se ajustaban a la realidad» cuando el Popular optó por efectuar una ampliación de capital para reforzar su solvencia en mayo de 2016, y que el folleto de dicha emisión «no reflejaba la imagen fiel» del estado del banco.

Igualmente, llaman la atención sobre el hecho de que «siguieran repartiéndose dividendos en el años 2016 respecto del resultado contable del año 2015» cuando, poco después, los accionistas resultaban «expropiados», según la terminología que usa el escrito, «por iliquidez de la mercantil».

Para los afectados se trata de una situación análoga a la que propició que Bankia tuviera que devolver todo el dinero a los pequeños inversores que compraron títulos de la entidad en su salida a Bolsa. Por eso, la denuncia recoge profusamente diversas sentencias referidas al banco nacionalizado en la que se dictamina la nulidad de dichas compras de acciones al entender que se produjo vicio de consentimiento. Unos fallos que considera que son trasladables a quienes adquirieron valores del Popular tras la citada ampliación de capital del año pasado, como es el caso de los cuatro denunciantes.

Pruebas periciales

Para respaldar su denuncia, el letrado solicita la realización de diversas diligencias, como la toma de declaración a Ángel Ron o la elaboración de un informe pericial sobre los activos y pasivos del banco en los ejercicios de 2015 y 2016 para determinar la veracidad de los datos contenidos en el folleto de emisión de la ampliación de capital de 26 de mayo del año pasado.

La denuncia de los accionistas alicantinos se sumará a las diligencias que ya hay abiertas en la Audiencia Nacional por estos hechos después de que diversas organizaciones -como la OCU o la Asociación Española de Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)- y varios bufetes en representación de algunos grandes accionistas presentaran las primeras actuaciones. Como ya publicó este diario, en toda la provincia la crisis del Popular ha atrapado a unos 6.500 inversores, que perdieron todo su dinero cuando la Junta Única de Resolución acordó intervenir el banco y adjudicárselo al Santander por el precio simbólico de un euro.

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