Dicen de la Economía que es la única disciplina en que dos personas pueden conseguir el Nobel por decir justamente lo contrario y que si se le pregunta a tres economistas por la misma cuestión se obtendrán tres respuestas diferentes. Habrá quien piense que tales afirmaciones no dejan de ser meras gracietas y que, en cualquier caso, rozan la exageración. Quien así lo crea es porque no ha asistido a la prueba pericial conjunta que durante esta semana se ha practicado en el marco del juicio que se viene celebrando en la Audiencia Nacional a la última cúpula de la CAM por el supuesto maquillaje de las cuentas y el cobro indebido de remuneraciones.

Ocho peritos compartiendo espacio con 16 abogados (los de las defensas de los ocho encausados además de los representantes de las cinco acusaciones, entre particulares y populares, junto a los llamados como responsables civiles) y un fiscal es un escenario más que proclive a que, en vez de sala de vistas, aquello se hubiera convertido en una jaula de grillos. Algo de lo que por momentos hubo algún conato que sofocó con mano firme la magistrada Ángela Murillo, el azote de quienes considera que se están pasando por el forro sus indicaciones como presidenta de tribunal.

Tal fue el caso de Rubén Manso, un exinspector del Banco de España designado perito judicial en este proceso a instancia del exdirector general Roberto López Abad, quien al único de todos los presentes al que quizá no logró exasperar fue al estenotipista.

A preguntas del abogado de Fondo de Garantía de Depósitos, Carlos Gómez-Jara, y haciendo buenos los chistes del principio, Manso no le quedó otra que ratificar los números que habían facilitado los inspectores del Banco de España, los que desvelaron que los responsables de la CAM declararon unos beneficios en el primer semestre de 2011 de 58 millones cuando se arrastraban pérdidas por valor de 1.163. Aunque, eso sí, tras varios intentos fallidos de zafarse de responder a esta cuestión con afirmaciones tales como que «tan buena podía ser una cifra como la otra» o que «podrían ser correctas las dos o ninguna». Pero que eso, dijo, «no afectaba a la imagen fiel de la caja». Como si los resultados fueran irrelevantes en una entidad que, como era el caso de la CAM, cotizaba en Bolsa.

La de Manso fue la más irritante pero no la intervención que más poso pareció dejar en el tribunal, a juzgar por las notas que los magistrados iban tomando y el modo en que atendían las explicaciones de todos los expertos.La palma se la llevó, sin duda, Germán López, un economista que desarrolla su carrera en Navarra aunque nacido en Alicante con el que el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa le metió un gol por la escuadra a sus otrora compañeros en las áreas de Inversiones y Liquidez, Francisco Martínez y Juan Luis Sabater. Ejecutores ambos (el primero como jefe y el segundo como subordinado) de las operaciones con las que las acusaciones sostienen que se engordaron las cuentas de la caja (las titulizaciones) y quienes aseguran que tanto Ochoa con Teófilo Sogorb, su superior, estaban al corriente de que los créditos fallidos se vendían con la trampa de una opción de recompra que anulaba sus efectos. Una información que ambos niegan que recibieran, lo que este perito ratificó al tiempo que reveló que llevaban anexa una cláusula de confidencialidad.

En las antípodas de Manso en cuanto al tono y a las formas, López soltó bombas de alcance como la aseveración de que nunca hubo nadie que adquiriera esos paquetes de préstamos que la CAM había dado por imposibles de cobrar. Que se trataba de operaciones ficticias en las que la caja pagaba en realidad al supuesto inversor para poder así simular una baja en balance que permitía reducir artificialmente la morosidad. O dicho de otro modo, que la basura se seguía quedando en casa, pero debajo de una alfombra cuya limpieza pagaba encima la CAM.

Todo esto se ha escuchado esta semana aderezado con perlas por parte de alguna perito como enfatizar la rentabilidad que se obtuvo del dinero que la caja desembolsó de más para asegurarse los directivos una jubilación de oro. Una operación que según el instructor provocó un quebrando a la CAM de más de 5 millones. O, también, verdades como puños como que lo que se obtuvo por las cuotas está circulando por el torrente financiero del Sabadell sin que este hecho, a estas alturas, diga mucho de la suerte que puede correr la Fundación CAM como responsable civil subsidiaria o los propios cuotapartícipes personados en el proceso.

O que, como afirmó rotundo el inspector del Banco de España Ángel Regúlez, la CAM llevó a cabo «operaciones demenciales y carentes de todo sentido». Lo que vuelve a llevarnos directamente a otra máxima de la Economía, la de que los análisis económicos normalmente sirven para darse cuenta de que el momento para haber hecho algo era el año pasado. El pasado o hace diez. Así, de haber hecho entonces el Banco de España lo que tenía que hacer, quizá se podría haber evitado este juicio y tal vez, sólo tal vez, la CAM no sería ya historia.