La imposibilidad de trasvasar caudales desde la cabecera del Tajo por la fuerte sequía que asola buena parte de España pone en peligro una producción de más de 1.200 millones de euros y más de 40.000 empleos en la provincia de Alicante. Así lo ha advertido hoy el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), que ha reclamado la puesta en marcha de medidas "urgentes" para evitar que la situación de falta de agua lastre uno de los actuales motores del PIB provincial, como es el sector agroalimentario.

En este sentido, Ineca recuerda las importantes repercusiones que tiene la agricultura sobre otras actividades de la zona, como es la industria de transformación o, por ejemplo, el transporte, y señala que Alicante tiene la segunda mayor flota de camiones de España.

La alerta se produce después de que la falta de lluvias en la cabecera del Tajo haya impedido enviar ni un solo hectómetro cúbico a la provincia en los meses de mayo y junio. Una situación que, si no cambian las cosas, se prolongará hasta el otoño. Ante este panorama, el presidente de Ineca, Perfecto Palacio, considera que solucionar el déficit hídrico de Alicante requiere de "una conjunción de iniciativas de consenso para traer agua de otras cuencas, consolidar el trasvase Tajo-Segura, reutilizar aguas regeneradas y emplear agua desalinizada a precios competitivos para el sector agroalimentario". No obstante, Palacio insiste en que "la sequía obliga a tomar medidas con carácter de urgencia y a proyectar mejoras en las infraestructuras hídricas de la provincia".

Déficit estructural

Por su parte, el director de Proyectos de Ineca, Joaquín Melgarejo, recuerda que la sequía viene a agravar la situación de déficit estructural que sufre Alicante. Así, señala que la provincia tiene unas necesidades de agua de unos 1.300 hectómetros cúbicos, mientras que la totalidad de los recursos disponibles, sin contar la sobreexplotación de acuíferos, apenas ascienden a 655 hectómetros. Si se añaden las cantidades que recibe a través de los trasvases, los acuíferos no renovables, la desalación y la reutilización, el agua total disponible suma 1.066 hectómetros, lo que deja un déficit anual de 399.

Para el director de Proyectos de Ineca, a corto plazo se podrían facilitar en torno a los 210-220 hectómetros por año de caudales complementarios para el sector agroalimentario de la provincia de Alicante -que es el que mayor problema tiene para el desarrollo de su actividad- con medidas económico financieras e infraestructuras de conducción y conexión. Entre ellas cita la redotación del Trasvase Tajo Segura con 78 hectómetros, del trasvase Júcar-Vinalopó con 45 hectómetros, la reutilización de 50 hectómetros más de aguas depuradas, el uso de entre 20 y 40 hectómetros adicionales de agua desalada y la cesión de derechos con 17 hectómetros.