La decisión de la Junta Única de Resolución de intervenir el Banco Popular y de venderlo al Santander por un euro supuso que, en ese mismo momento, los más de 300.000 accionistas de la entidad perdieran todo su dinero. Una pesadilla para los afectados que, en el caso de Alicante, atrapó a casi 6.500 empresas y particulares que en esa fecha aún conservaban títulos de la entidad, a pesar de la caída en picado que había protagonizado su cotización en los días anteriores.
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, estos accionistas alicantinos sumaban en total 43,4 millones de participaciones del banco, lo que significa que la decisión de las autoridades europeas les supuso unas pérdidas conjuntas de 13,7 millones de euros -unos 2.122 por cabeza-, teniendo en cuenta que el día anterior la acción había cerrado a 0,317 euros. Sin embargo, si se mira con perspectiva el agujero es mucho mayor, ya que sólo un año antes, cuando se realizó la última ampliación de capital que ahora se cuestiona, este mismo paquete accionarial estaba valorado en más de 66 millones de euros.
En este sentido, el perfil de la mayoría de los afectados es el de un inversor particular -gran parte de ellos, clientes de la propia entidad-, con una media de 6.696 títulos en su poder. Sin embargo, también se han visto afectadas una gran cantidad de compañías de la zona, que también trabajaban con la entidad -el Popular estaba especializado en banca para empresas-, y que habían invertido en el banco, bien para sacar rentabilidad a sus excedentes de tesorería o de reservas, o bien para congraciarse con los gestores del banco y lograr mejores condiciones en la contratación de créditos u otros productos.
Así, entre los damnificados se encuentran varias de las mayores compañías de la zona, de sectores como el de la construcción y la obra pública, así como navieras, firmas del sector textil, distribuidoras de juguetes, marmoleras, fabricantes de muebles de oficina o varias firmas patrimoniales de grandes fortunas de toda la provincia. También numerosas pymes que se vieron en la misma situación.
Más afectados en la capital y Elche
Por municipios, el mayor número de damnificados se concentra en la capital de la provincia, donde se contabilizan más de 1.300 accionistas que habrían perdido su inversión. También superan el millar en Elche, otra de las zonas donde el banco tenía especial implantación, por su carácter industrial. En tercera posición se sitúa Benidorm, con 308 accionistas; seguida por Elda, con 269; y Alcoy, con 224. Otros 198 se contabilizan en Torrevieja; o 144 en Dénia, entre otras poblaciones.
Para todos ellos, las opciones de recuperar el dinero invertido son más bien limitadas. El Santander ya ha anunciado que estudia la posibilidad de ofrecer alguna compensación a los afectados, sobre todo a aquellos que son clientes de la entidad, pero será difícil que ésta cubra la totalidad de las pérdidas. La otra alternativa es acudir a los tribunales y demostrar que las cuentas de la entidad no reflejaban su verdadera situación y que, por tanto, se produjo una estafa a los inversores. Una opción que ya han emprendido varias plataformas de afectados, como la Asociación Española de Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), o algunos accionistas significativos de la entidad, como el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta.
Otras organizaciones, como la OCU, han optado por interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta Única de Resolución europea, y los grandes bufetes especializados en abusos bancarios, como Arriaga o Unive, ya preparan miles de demandas particulares. También varios despachos locales de Alicante atienden ya numerosos casos, como son los de Cañizares Abogados o Meler Abogados. Éste último fue el primero en interponer acciones judiciales en la provincia -en este caso, una demanda de conciliación- para que uno de sus clientes recuperara el dinero invertido.
Al respecto, todos coinciden en señalar la importancia que supone el precedente de Bankia, que se vio obligada a devolver el dinero de su salida a Bolsa a todos los pequeños inversores cuando se probó que las cuentas no eran correctas. El problema en este caso es encontrar un informe de auditoría o de algún organismo oficial que avale que tampoco los balances del Popular reflejaban su imagen fiel.
Desde Bruselas se defendió la intervención del Popular para evitar perjuicios a los depositantes del banco, ya que si se hubiera llevado la entidad a concurso de acreedores el proceso se habría dilatado. Además, señalan que tampoco los accionistas hubieran recuperado más dinero ya que la valoración del banco era negativa -entre 2.000 y 8.000 millones-, según el informe independiente que se encargó.
