La Policía Autonómica de la Generalitat colaborará con la Inspección de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida, según se acordó ayer la comisión territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta colaboración fue un ofrecimiento que el Consell realizó al Gobierno, a través del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien lo anunció en las Cortes hace unos meses, obteniendo el respaldo de todos los grupos para que se estableciera un plan de actuación coordinada para luchar contra la economía irregular.

Ahora, tras la decisión de la comisión territorial, la decisión se reflejará, próximamente, en un convenio, según informó la Generalitat. A la reunión de ayer asistieron el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, la directora general de Trabajo, Cristina Moreno y el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Gabriel Álvarez del Egido. Tras la reunión, Nomdedéu destacó que la colaboración de la Policía Autonómica permitirá «multiplicar el número de actuaciones específicas contra la explotación laboral y también que los casos de economía sumergida que se detectan en el transcurso del resto de actividades que desempeñan los agentes no queden impunes, como puede ocurrir en estos momentos».

Por otra parte, la comisión territorial de la Inspección de Trabajo también aprobó la planificación de las actuaciones de la Inspección en la Comunidad Valenciana. En este sentido, se decidió que un 58% de los efectivos se dediquen a las actuaciones sobre Seguridad Social y economía irregular y un 42% a prevención de riesgos laborales y salud laboral.

En el ámbito de la economía sumergida, el secretario autonómico de Empleo recordó que la Comunidad soporta uno de los índices «más elevados». Según los últimos datos oficiales de Gestha -asociación mayoritaria de los técnicos de Hacienda-, la economía sumergida aumentó durante la crisis hasta situarse en el 26,5% de su PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 25.870 millones de euros ocultos, señala el informe «La economía sumergida pasa factura», añade el comunicado de la Generalitat.

Empleo añade que de este informe se desprende que la tasa de economía irregular en la autonomía supera en casi dos puntos a la nacional, que se sitúa en el 24,6%, es decir, más de 253.000 millones. «Entre las provincias más afectadas destacan Alicante (27,6%) y Castellón (26,9%), que registran más fraude que la media autonómica. En Valencia, la cifra es del 25,7%, señala la nota.