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Los peritos judiciales al tribunal: «Sólo hay que ver cuál fue el final de la CAM»

Las expertos designados a la última cúpula de la entidad ratifican las irregularidades detectadas por los inspectores del Banco de España

Los peritos: "Sólo hay que ver cuál fue el final de la CAM"

Ocho peritos compareciendo conjuntamente en la misma sesión hicieron de la jornada de ayer la más densa de las once que han transcurrido desde que comenzó el juicio a la última cúpula de la CAM por el supuesto falseo de la cuentas y el cobro por parte del cuadro directivo de retribuciones más elevadas de a las que presuntamente tenían derecho.

Unas irregularidades que ayer fueron ratificadas tanto por los peritos judiciales como por algunos de los contratados por las partes y en las que se apoyan tanto el fiscal como el resto de las acusaciones para mantener unas peticiones de condena que, de media, rondan los siete años de cárcel por los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.

Con las lógicas disensiones que en algunos momentos dieron pie a conatos de debate que podían degenerar en una jaula de grillos y que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, zanjó sin contemplaciones, Ángel Regúlez y Sergio García, los dos inspectores del Banco de España designados a instancias del instructor de este proceso, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, hablaron de «créditos mal reclasificados» y de «operaciones muy raritas y mal contabilizadas» con las que se dio una imagen de la caja que no era la real. De los 65 millones de beneficios declarados por los directivos de la entidad en 2011 a los 1.135 de pérdidas presentados por los administradores provisionales designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención de la entidad por el Banco de España.

Ventas financiadas

Un planteamiento que apuntalaron los auditores de PWC, quienes durante más de un año estuvieron elaborando el informe que recoge estas anomalías y que sirvió de base para el proceso penal que ahora se está juzgado, pero también por expertos que ayer comparecieron a instancia de algunos de los acusados. Tal es el caso de Germán López, contratado por el exdirector de Información Financiera, Salvador Ochoa, y cuya detallada exposición sobre las sombras del modus operandi de la caja llevó a dudar sobre si, en vez de en el bando de las defensas, jugaba en el de las acusaciones.

Respecto a las titulizaciones (la venta de créditos fallidos para eliminar el riesgo de la caja pero que llevaban incorporada una opción de recompra, con lo que al final volvían a la entidad) López no pudo ser más claro al afirmar que «era todo falso» y que «nadie invertía en la CAM», donde lo que en realidad ocurría era que «la entidad pagaba» para lograr lo que no era más que «una mera apariencia».

Frente a estas conclusiones, las de Rubén Manso, el perito judicial designado a instancia del exdirector general Roberto López Abad, quien antes de ser amonestado en varias ocasiones por la presidenta del tribunal por no atenerse a sus indicaciones defendió la teoría de que «errores contables hay en cualquier contabilidad, otro caso es que sean significativos». Una afirmación a la que Javier López, de PwC, respondió de forma tajante explicando que «entre el error contable y el fraude hay una diferencia, la intencionalidad». Fue en ese momento en que aludió a un correo de noviembre de 2010 en el que López Abad insta a varios entonces directivos de la caja, y ahora también acusados, a supuestamente engordar las cuentas de la CAM para no dar muestras de debilidad ante la fusión con otras cajas que luego no fue.

Manso, quien ayer matizó algunos de los puntos recogidos en su informe sobre la supuesta corrección de algunas de las operaciones contables, insistió también en la idea de que la imagen de la caja no se vio alterada, para lo que se basó en que las cuentas habían sido auditadas. Y señaló que la entidad «disponía a finales de 2010 de provisiones genéricas suficientes para cubrir cualquier déficit». Una afirmación que uno de los peritos judiciales rabatió de forma contundente: «No hay que olvidar lo que pasó después, sólo hay que ver lo cuál fue el final de la caja», afirmó.

Incentivos con trampas

Sobre las retribuciones, a las que el fiscal dedicó la última parte de su interrogatorio, Regúlez explicó que «no se daban las condiciones para cobrar la paga de beneficios», que el auditor de PwC cifró en 5,7 millones que no se tenían que haber repartido. Tampoco, en opinión del perito judicial, se debían haber realizado aportaciones al plan de pensiones «vista la cuenta de resultados» Y sobre los incentivos anuales afirmó que «sin trampas no se hubieran conseguido». Según sus cálculos, se tenía que haber pagado un 25% menos. Igual criterio aplicó en cuanto al Bono Extraordinario a Largo Plazo, que «con los ajustes de 2010 no se tenía que haber pagado». Y aseveró que se abonaron 5,7 millones de más por las prejubilaciones de seis directivos que se podían haber ahorrado de haberse incluido en el marco del ERE que se estaba tramitando.

El fiscal fija en 20 millones el quebranto por estos conceptos.

Los interrogatorios a los peritos continúan hoy con el resto de las partes.

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