Es pura lógica. Cuando el principal sostén de la familia o todos los miembros de la misma se quedan en paro y sólo tienen la prestación por desempleo o alguna otra ayuda pública para subsistir, hay que ajustar los gastos de la casa a la nueva realidad. Pero, ¿cuánto? ¿En qué medida? ¿Dónde? Eso es lo que han querido averiguar los técnicos de la Oficina de Comercio y Territorio (Pateco) del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana que, por primera vez, ha incluido en el informe anual que elabora sobre la salud del sector comercial de la autonomía un apartado específico para analizar los efectos que ha tenido sobre el consumo el aumento de la desigualdad provocado por la crisis.

Un incremento de la brecha social que se traduce en que un 27,9% de los hogares de la Comunidad no alcance ni los 1.000 euros mensuales de ingresos y, de ellos, aproximadamente una quinta parte -unas 107.000 familias- ni siquiera cuente con 500 euros, según expone el estudio, que se basa en datos del INE relativos a 2015.

La consecuencia inmediata es que estos hogares que viven de las prestaciones públicas consumen de media un 36% menos que el resto, o, lo que es lo mismo, que destinan a bienes y servicios unos 6.500 euros anuales per cápita frente a los 10.179 de la población general. Como se puede intuir, esto significa que deben invertir una mayor porcentaje de sus ingresos a sufragar gastos fijos, como los de alimentación y vivienda, que se llevan hasta un 58% de su presupuesto, ocho puntos por encima de lo que es habitual para el resto de la población.

Bienes básicos

En una situación de pérdida de empleo, los afectados siempre tienden a recortar más aquellos gastos que se consideran secundarios y a mantener los de primera necesidad. Sin embargo, tampoco éstos se libran de los ajustes y, de hecho, desde el Pateco advierten de que muchas familias deben prescindir de determinadas compras consideradas «básicas para garantizar una adecuada calidad de vida».

Así, el dispendio en alimentos básicos -pan, carne, pescado o fruta- cae en estos casos un 21,3%, a pesar de tener esta consideración, y los de bebidas se reducen un 26,2%. Pero entre los productos de primera necesidad donde más se aprietan el cinturón las familias con problemas es en los artículos de limpieza, donde la opción de las marcas blancas y la contención les permite rebajar un 65% el gasto, desde los 100 euros por persona y año de la media, hasta 35 euros. Algo similar ocurre con los artículos de higiene y cuidado personal, donde logran ahorrar hasta un 43,9% yendo a las ofertas y olvidándose de algunos caprichos.

Sin embargo, es en el resto de apartados que componen un presupuesto familiar estándar donde más se nota la tijera. El gasto en ropa de los que viven de una ayuda pública es prácticamente la mitad de lo normal (de 193 euros anuales por persona frente a 377), mientras que en zapatos se dejan un 38,2% menos.

Ni muebles ni electrodomésticos

Y si el dinero no alcanza para renovar el armario por dentro, mucho menos por fuera. El equipamiento del hogar es otro de los grandes damnificados en estas situaciones de necesidad, con un recorte medio del 46,3% (los hogares con parados destinan a estos menesteres 285 euros frente a los 532 de la población general), que aún es mayor en el caso concreto de los muebles (-53,6%) o, por ejemplo, en el textil hogar, que cae un 64,5%. Nada de nuevas toallas o de renovar las sábanas hasta que no se encuentre trabajo.

Tampoco la cultura y el ocio salen muy bien parados en los ajustes que deben realizar esta familias. El gasto en productos de consumo ocasional es hasta un 45,9% menor en estos hogares, con 251 euros por persona al año frente a 464 del conjunto de la población. Esto incluye también la partida para tecnología, como teléfonos móviles, para los que sólo quedan unos modestos 29 euros anuales.

Por su parte, el resto de gastos en bienes y servicios que no se realizan en las tiendas -en realidad, los que se llevan la mayor parte de los ingresos de cualquier familia, aunque el estudio se centra en las consecuencias de la crisis para el sector comercial- suponen unos 4.421 euros al año, un 36,6% menos que para una familia que cuente con ingresos regulares de su trabajo. Aquí se incluyen la hipoteca o el alquiler, la sanidad, la educación, los seguros o los suministros, como la luz y el gas.

Más facturación

Más allá de los efectos de la desigualdad sobre el consumo, el Informe anual de la Distribución Comercial de la Comunidad Valenciana del Pateco pone de relieve la mejora que experimenta el sector desde hace un par de años y que en 2016 se tradujo en un aumento de la facturación global del 5,9% en la autonomía, hasta sumar los 23.545 millones de euros. Una cifra muy significativa pero que aún se sitúa por debajo de los niveles anteriores a la crisis económica, según puso de relieve ayer el director de este organismo, Agustín Rovira, quien presentó el estudio junto al director general de Comercio de la Generalitat, Natxo Costa.

Por segmentos, el informe señala que las ventas aumentaron más entre las grandes cadenas, mientras que la mejora se dejó sentir menos en los pequeño negocios. Igualmente, se produjo un aumento del empleo asalariado mientras que cayó la cifra de autónomos del sector.