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La recuperación y la justicia reducen los embargos de pisos a niveles precrisis

Desde que estallara la burbuja inmobiliaria en 2007 las entidades financieras han instado más de 56.000 ejecuciones hipotecarias en la provincia

Una protesta contra los desahucios en Alicante. información

La recuperación económica, que se ha traducido en una notable caída de la morosidad, y las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que han cuestionado la validez de muchas cláusulas hipotecarias, han permitido que el volumen de casas y otros inmuebles que embargan los bancos en la provincia se haya reducido ya hasta niveles muy próximos a los que existían antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Una noticia muy significativa si se tiene en cuenta el drama social que se esconde detrás de muchos de estos casos.

En concreto, según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de este año se presentaron en Alicante 785 solicitudes de ejecución hipotecaria, una cifra que aún se antoja muy elevada pero que supone una caída del 24,6% sobre el mismo periodo de 2016 y, sobre todo, se aleja mucho de los más de 3.000 embargos que llegaron a instarse entre enero y marzo de 2010, cuando se produjo el pico de esta lacra. También es menor que la de 2008, cuando fueron 1.084 las peticiones presentadas, y habría que remontarse hasta 2007, antes de la caída de Lehman Brothers, para encontrar un número menor: 577.

Las fuentes del sector financiero consultadas señalan que una parte importante de esta tendencia a la normalización -que ya empezó a verse con claridad el año pasado- se debe a la mejora que ha experimentado la situación económica. Por una parte, porque el crecimiento del empleo, a pesar de su precariedad, está facilitando que muchas familias vuelvan a contar con ingresos suficientes para pagar la cuota mensual, lo que ha reducido el volumen de impagos. Pero, además, la reactivación del sector inmobiliario también permite que aquellos hipotecados que no pueden afrontar la letra tengan más opciones de vender la casa y cancelar el crédito con el dinero que obtienen. Una alternativa que no existía hasta el momento, ante la falta de demanda de vivienda.

No obstante, otra parte importante de la caída de los embargos se debe a los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que han puesto patas arriba el sistema hipotecario español y, en especial, la del pasado mes de diciembre que declaró abusiva la denominada cláusula de vencimiento anticipado. Esta cláusulsa es, precisamente, la que permite a la entidad reclamar toda la deuda de golpe cuando se produce algún impago y lo que dice el fallo es que este sistema no es proporcional. Es decir, que el banco sólo debería ejecutar todo el préstamo cuando el volumen de cuotas impagadas sea significativo sobre el total prestado. En caso contrario, la entidad sólo debería exigir las cuotas impagadas.

Más daciones en pago

La decisión obligará al Gobierno español a cambiar la ley pero, mientras tanto, ni los propios jueces españoles tienen muy claro cómo actuar con los casos en trámite. El Supremo ha pedido una aclaración del TJUE y muchos juzgados han optado por suspender las ejecuciones hasta tener la respuesta, como confirman desde varios bufetes alicantinos especializados, como Cañizares Abogados o Meler Abogados.

Ante esta posibilidad, las propias entidades se están frenando a la hora de solicitar nuevas ejecuciones hipotecarias y están potenciando otras soluciones alternativas a las que hasta ahora se mostraban bastante reacias, como la dación en pago.

En cualquier caso, cabe señalar que esta tendencia a la normalización del volumen de embargos llega después de que los bancos hayan solicitado la ejecución de 56.172 hipotecas sobre inmuebles de todo tipo en la provincia desde el inicio de la crisis, el 8,8% del total nacional. En este sentido, hay que tener en cuenta que Alicante es una de las zonas de España con mayor volumen de segundas residencias, que son las primeras que se dejan de pagar cuando hay problemas económicos, y que en la estadística también se incluyen las ejecuciones por deudas de promotores, aunque éstos suelen pactar una salida con el banco. La mayoría de entidades se han visto obligadas a poner en marcha filiales específicas para dar salida a la enorme cantidad de ladrillo que han acumulado en este tiempo.

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