Mientras la cifra de embargos bancarios cae con fuerza, el volumen de desahucios practicados en la provincia apenas se redujo un 2,5% durante el primer trimestre del año, cuando se registraron 1.045 casos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El motivo es que, aunque los desalojos por el impago de las cuotas del préstamo disminuyen notablemente -más de un 17,3%-, cada vez son más numerosos los que se producen como consecuencia de no poder afrontar el alquiler.

Y lo que es más grave, una parte significativa de aquellos que son desahuciados de un piso arrendado ya habían sido expulsados previamente de la casa que tenían en propiedad y contaban con un alquiler social. Así lo asegura una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Alicante Celeste Recalde, quien lamenta que siga «sin abordarse una solución global para estas familias, cuyo problema real es la falta de ingresos». Así, la activista recuerda que muchos de quienes perdieron su casa eran trabajadores de la construcción que no han podido reciclarse y malviven ahora de las escasas ayudas de la Administración que, además, suelen recibir con retraso.

También los responsables de las propias entidades financieras reconocen en privado la elevadísima morosidad que registran en los pisos de alquiler social donde reubicaron, por la presión social, a aquellas familias que no podían pagar la hipoteca y se encontraban en riesgo de exclusión. Unos impagos que empiezan a convertirse en nuevos desalojos.