La«guerra de cifras» y las alusiones a la competencia desleal son dos de los elementos que centran el «choque de trenes» entre la economía de mercado tradicional y la digital y, en su caso, la colaborativa. Un modelo, este último, en el que el consumidor «ya no va directamente al productor u oferente de servicios, como antes, sino que comparte gastos con otros usuarios para conseguir los servicios que necesita a través de las redes. No es un sistema nuevo, pero sí se ha visto impulsado por la irrupción de los medios digitales», explica el vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis.
El aumento exponencial del uso de plataformas digitales para el alquiler de pisos turísticos o para compartir viaje con otros usuarios -ahorrando gastos- ha aumentado la tensión entre la economía tradicional y la colaborativa, cuyos servicios en el últimos año han utilizado un 55% de los españoles, según el último informe sobre el sector avanzado esta semana en el evento sobre innovación «Sharing Madrid». Y los sectores que han penetrado con más fuerza en el mercado han sido los del alojamiento y el transporte, que aglutinan entorno al 30%-35% y al 10%-15% de los usuarios, respectivamente.
Tratamiento fiscal
En la provincia, el sector hotelero y de apartamentos turísticos fue el primero en detectar el impacto y la «amenaza». Hace unos años que comenzó a alertar sobre el aumento de pisos destinados a uso turísticos que estaban sin reglar y muchos de los cuales se promocionan por internet, según informaba recientemente la patronal Hosbec. Y en distintas ocasiones, la asociación de apartamentos turísticos (Aptur) también ha puesto el acento en «el pago de impuestos y la facturación del IVA con los que cumplen los propietarios de apartamentos reglados para el uso turístico». «Como es un fenómeno nuevo, que no existía, no hay tradición ni legislación. Y los temas tributarios aún no están resueltos, todavía están por aclarar», apuntaba Vicente Llopis.
El experto considera que la economía colaborativa «va a ir a más. Se prevé que en el escenario de 2020, cerca del 10% del tráfico mercantil sea a través de la economía colaborativa».
En el caso de los alquiler turísticos, las cifras evidencian una tendencia al alza de los pisos no reglados. Los últimos datos de Exceltur reflejan que entre los principales destinos de la provincia, las plazas, entre hoteles y pisos reglados, suman un total de 98.133, mientras que las que las viviendas que están fuera de control se acercan peligrosamente, al superar las 86.800. El pasado año, el Consell abrió siete expedientes a distintas plataformas de alquiler de apartamentos de uso turístico que no estaban reglados. Y ya este año, la Agencia Valenciana de Turismo ha anunciado que va a elevar hasta los 600.000 euros las multas a plataformas que cometan fraude por no tener registrados los pisos que ofrecen. Una forma que también supone dar seguridad al cliente. Dos de los aspectos que se reflejan en el anteproyecto de la Ley de Ocio, Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad.
Y con este escenario en sectores estratégicos de la economía, no podía tardar que la situación llegara hasta instancias europeas. El pasado jueves, el Parlamento Europeo reclamaba reglas claras a nivel europeo para cubrir las «zonas grises» sobre el derecho laboral, protección de consumidores y responsabilidad de las empresas en la actividad de las plataformas de economía colaborativa como Uber o Airbnb.
Reglas para servicios similares
La Eurocámara pedía a la Comisión Europea que «garantice la igualdad de condiciones para los proveedores de servicios en plataformas en línea y otros servicios con los que compitan».Los eurodiputados alertan de las «diferencias significativas» en las jurisprudencias local y nacional al respecto, pero advierten de que no deben ser vistos como amenaza para las empresas tradicionales, sino como una nueva oportunidad.
En una resolución no vinculante, el pleno apostó por formas que contribuyan a «promover, no restringir», la economía colaborativa, informa Europa Preses. «El objetivo debe ser evitar que se apliquen reglas diferentes a servicios similares, tanto en lo referido a acceso al mercado y la fiscalidad, para asegurar condiciones de competencia justa entre los operadores digitales y los tradicionales».
También piden que se defina a los actores de este modelo de negocio, para distinguir a los «pares», es decir, ciudadanos particulares que prestan servicios de manera ocasional, de los «profesionales», que deberían estar sometidos a «principios generales a nivel europeo y umbrales nacionales». Además, se encarga a la Comisión que precise y tan pronto como sea posible el régimen de responsabilidad de las plataformas colaborativos. La UE también estudia vías para fijar reglas comunes a los alojamientos turísticos.
