Ya lo anunció hace más de un año. El empresario Enrique Ortiz quiere retirarse de la primera línea y ceder todos sus cargos de representación a sus hijos -en especial, a su primogénita, Laura Ortiz Carratalá- para evitar que su vinculación con diversos escándalos de corrupción lastren las posibilidades de negocio del Grupo Cívica y sus filiales. Un plan que ya ha empezado a aplicar.

Así, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicaba ayer el relevo del promotor en favor de su hija en la presidencia de Inusa, la antigua concesionaria de la limpieza de la ciudad de Alicante y que, en la actualidad, también es accionista de la UTE que presta este mismo servicio. Aunque la publicación en el Borme oficializa el cambio, las fuentes consultadas aseguran que hace ya meses que la también abogada y licenciada en Administración y Dirección de Empresas representa a la compañía familiar en este grupo, que supone una de las fuentes de ingresos más estables de la firma, a pesar de que Ortiz sólo tiene una participación minoritaria en la misma.

En este sentido, cabe recordar que Inusa está participada en un 35% por FCC, otro 35% por una filial de Ferrovial y sólo en un 30% por el Grupo Cívica. Tras responsabilizarse de la recogida de basuras en Alicante durante años, en la adjudicación celebrada en 2013 los socios decidieron constituir una nueva Unión Temporal de Empresas en la que se repartieron el capital a razón de un 30% cada una y reservaron el restante 10% para la antigua concesionaria, que es donde ahora se ha producido el relevo. El cambio es más significativo si se tiene en cuenta que los ingresos de la mercantil dependen del Ayuntamiento de Alicante, donde el nuevo equipo de Gobierno quiere distanciarse lo máximo posible del promotor, al que ven como máximo responsable de la supuesta corrupción que azotó al anterior consistorio del PP. La sustitución de Enrique Ortiz por su hija Laura ayudaría a mejorar las relaciones y a evitar el desgaste de imagen de la mercantil.

En cualquier caso, lo cierto es que no se trata del primer cargo que asume la primogénita del promotor que, de hecho, desde 2010 ya figuraba como apoderada en una quincena de sociedades, según la informacion del Registro Mercantil. Sin embargo, ha sido en los últimos tiempos cuando ha empezado a recibir nombramientos de más responsabilidad. Así, el año pasado se convirtió en representante en Gerocentros del Mediterráneo, la firma de residencias para ancianos que Cívica tiene con el Grupo Fuertes. También se convirtió en administradora mancomunada, junto a su hermano Enrique Ortiz Carratalá, de la promotora Real Estate Go2, de momento, sin actividad. Por último, este mismo año ha sido nombrada como apoderada solidaria mancomundad de Ibisan, la concesionaria de la autopista entre Ibiza y San Antonio, una obra que tampoco ha escapado al escándalo.

Enrique Ortiz reconoció ayer a preguntas de este diario que está llevando a cabo lo que calificó como «relevo generacional» en sus empresas, dando entrada a sus hijos en los consejos de administración y diversos puestos de responsabilidad con el objeto de retirarse.