Los antiguos accionistas alicantinos del Banco Popular empiezan a organizarse y a recurrir a los tribunales en un intento por recuperar el dinero que han perdido después de que las autoridades europeas decidieran intervenir la entidad y adjudicársela al Santander, tras reducir a cero el valor de sus títulos. Al menos tres de estos accionistas, representados por Meler Abogados, han presentado ya sendas demandas de conciliación para reclamar la devolución íntegra de su inversión, al entender que la ejecutiva de la entidad nunca dio «signos del verdadero estado contable de la mercantil». Se trata del paso previo en el que se intenta negociar una solución consensuada antes de presentar la demanda definitiva.

En sus escritos, los afectados aseguran que el folleto de la ampliación de capital que efectuó el Popular en mayo del año pasado dibujaba una «imagen corporativa radicalmente contraria a la verdadera situación» que luego se reveló. Una imagen refrendada posteriormente por los informes trimestrales que el propio banco presentaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según apuntan, incluido el relativo al primer trimestre de 2017, «donde no se refleja ni la mera posibilidad de que el banco, días después, fuera expropiado».

«Está claro que hay una inconsistencia y una incongruencia entre lo que se publicaba y lo que luego ocurrió», señala el letrado Sergio Meler, quien considera que el caso del Popular puede tener muchos paralelismos con la salida a Bolsa de Bankia y se muestra convencido de que los tribunales acabarán dando la razón a los afectados, como ya ocurrió con esta última.

Alternativa a los depósitos

Entre los primeros alicantinos en acudir a la Justicia en busca de resarcimiento está Luis Herranz, quien ayer no acababa de dar crédito a lo ocurrido. Nunca había invertido en Bolsa pero el año pasado decidió acudir a la ampliación del Popular por consejo de un amigo y, sobre todo, porque buscaba una alternativa para meter los ahorros que tenía ante la nula rentabilidad que le ofrecían los depósitos a plazo. Acabó comprando más de 30.000 euros. «Sé que tendría que haberlo repartido entre varios valores pero no soy un experto y no puedo estar pendiente de cómo van un montón de acciones», se lamenta ahora.

Reconoce que en los últimos meses se había planteado vender en varias ocasiones ante la caída continua que sufría el banco en los mercados pero siempre confió en que la cotización acabaría remontando. «¿Cómo iba a pensar que el Popular iba a acabar así? Además, cuando inviertes en Bolsa sabes que puedes perder, pero nunca esperas que el dinero desaparezca de un día para otro de esta manera», insiste.

Esa decisión de la Junta Única de Resolución bancaria europea es lo que realmente ha indignado a la mayoría de los afectados, que esperaban que, aunque se vendiera a otra entidad o necesitara algún tipo de ayuda pública, sus acciones seguirían teniendo algún valor. Sin embargo, la forma en que se ha rescatado a la entidad supone que el Estado no tendrá que poner ni un sólo euro y que son los accionistas y los bonistas quien corren con toda la factura.

«Está claro que aquí hay algo que no se ha hecho bien, que la entidad no fue transparente y que alguien se tiene que hacer responsable», asegura Herranz, confiado en recuperar su dinero, aunque sea con varios años de retraso.

Nulidad de los contratos

Lo que solicitan las demandas de conciliación presentadas es la nulidad de los contratos de compraventa y la restitución completa del dinero al entender que se firmaron con una información que no era correcta y que, por tanto, no pueden darse por válidos, explica Sergio Meler. En el caso de Bankia, los informes periciales demostraron la falsedad de la información, algo que todavía estaría por probar en el Popular. En toda España son más de 300.000 los accionistas del banco que han perdido toda su inversión.