En plena campaña del IRPF, cuando los contribuyentes están presentando su declaración anual, si no lo han hecho ya, el Tribunal Constitucional ha dado un soberbio varapalo al Gobierno al declarar inconstitucional la amnistía fiscal que el Gobierno del PP procuró en el 2012 a los transgresores fiscales, que por el ridículo coste de algo más de un 3%, procuraron con sus 31.484 declaraciones, una recaudación paupérrima de 1.200 millones de euros, dándoles la absolución bajo el escándalo del resto de contribuyentes, todavía hoy indignados ante semejante escarnio.
La humillación y el desprecio causado entonces a todos los que cumplieron con sus obligaciones fiscales, y hacerlo a través de un decreto-ley, atentaba contra el principio de legalidad, amén de quebrar, como se desprende de la Sentencia, el cumplimiento del principio constitucional del deber de contribuir. La amnistía dio legitimidad a la conducta insolidaria de quienes incumplieron dicho mandato, (artículo 31.1), y les eximió de la aplicación de intereses de demora, recargos y sanciones, además de permitirles blanquear un dinero a un coste nimio a pesar de la ocultación, en un trato discriminatorio inaceptable.
Y una vez más, la lentitud de la justicia deja a la equidad en posición indeseable. El pronunciamiento del Tribunal cinco años más tarde de la interposición del recurso por el PSOE, y respecto a los ejercicios de 2008 a 2010, inclusive, ya prescritos, no tiene consecuencias para los amnistiados, a fin de «preservar la seguridad jurídica no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada». Uno se pregunta si la seguridad jurídica de tales defraudadores, que ahora se preserva, merece causar tanto daño, y si algo tan evidente como la inconstitucionalidad de la amnistía no pudo sentenciarse en tan solo unos meses. Ahora, alea iacta est. Descansen en paz los defraudadores en un país en el que siempre hay un roto para un descosido.
Rio revuelto
Para mayor agravio del ministro Montoro, los inspectores de Hacienda, y todos los sindicatos afectados, han mostrado apoyo a las quejas vertidas por el presidente de su principal asociación, José Luis Groba, en una entrevista a El País, por la escasez de medios humanos con los que cuenta la Agencia Tributaria para hacer frente a las labores de comprobación fiscal.
Pese a los buenos resultados recaudatorios alcanzados en los últimos años, con mayor mérito si cabe, porque el número de los empleados en la institución ha descendido en 3.112 trabajadores desde el año 2009 hasta el presente, -su plantilla actual es de 24.839 empleados- la continua pérdida de efectivos que sufren, hace que estén al límite de su capacidad operativa, y exigen que se tomen medidas, porque la sangría no se corta.
La respuesta de los responsables de la Agencia, dando información sobre el número de plazas que han salido en estos años a concurso, promoción interna, etc., no empaña las razones expuestas por los inspectores, que se quejan por ser un número menor el de las plazas ofrecidas que el de las vacantes producidas; especialmente, porque las bajas de quienes ocupaban puestos superiores o intermedios han sido las peor cubiertas. La relevante falta de efectivos en la Agencia, está obligando a tener que realizar horas extras, y la escasez de convocatorias está congelando la carrera profesional para los que aspiran a una mejor promoción.
El detonante para esta rebelión ha surgido al considerar que, según el contenido de los Presupuestos Generales del Estado, en vías de su aprobación por el Senado, el acuerdo pactado con Ciudadanos, por exigencia de este partido político, para elevar en 100 millones de euros el capítulo de personal destinado a incrementar la plantilla, es irrealizable, un brindis al sol, porque para que se haga realidad el gasto complementario, se establecen cláusulas de contención que dificultarán, sino impedirán, su aplicación.
Todos los partidos de la oposición, han exigido al ministro, Cristóbal Montoro, que comparezca en el Congreso y dé explicaciones sobre las cautelas presupuestarias y las posibles trampas incluidas para impedir la inversión. Representantes del partido Ciudadanos, han mostrado su enfado y contrariedad, a la vez que prometen adoptar las medidas necesarias para que se pueda cumplir su exigencia, y forzará al Gobierno para que en sede del Senado se aprueben las correcciones precisas para evitar el incumplimiento del acuerdo.
La actitud de contención del gasto en la gestión inspectora de los tributos es lamentable, porque si los trabajadores de Hacienda están actualmente al límite de su capacidad operativa, y el campo de trabajo no se cubre como debiera, terminará redundando en perjuicio de los ingresos fiscales más necesarios, los que provienen del fraude fiscal, del incumplimiento de las obligaciones tributarias, y discriminando, una vez más, a los contribuyentes cumplidores.
Está probado que el retorno en ingresos derivado de la comprobación fiscal multiplica por nueve el coste derivado de las actuaciones, de ahí que, en un país en el que el fraude fiscal sigue campando a sus anchas en muchos sectores, más aún entre los contribuyentes con mayores ingresos, no se debería escatimar ni un solo euro en la contratación de medios humanos, porque la inversión supone un doble beneficio: mejorar los ingresos y ayudar en la lucha por alcanzar un mejor nivel de moralidad fiscal.
Es cierto que la Agencia Tributaria no debe ser una máquina de recaudar, y de hecho cada vez más, sus dirigentes se esfuerzan en colaborar con los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; pero no lo es menos, que las grandes empresas y las multinacionales intentan reducir su factura fiscal hasta niveles ínfimos, buscando vacíos legales y acudiendo a la ingeniería financiera y medios más sofisticados, para pagar lo menos posible, mientras que los empleados, funcionarios, trabajadores en general, han de soportar sus impuestos sin que puedan evadir nada, porque su control es absoluto y no hay resquicio alguno para el fraude.
La materia tributaria es tan especializada, complicada y cambiante, que la posibilidad para los altos cargos de la Agencia Tributaria y para los más experimentados inspectores, de ser contratados por grandes empresas para ponerlos al frente de su departamento fiscal, es una realidad que está contribuyendo cada vez más a que se les ofrezcan importantes cargos en el ejercicio profesional privado, a modo de puertas giratorias por las que escapan del servicio público, y que terminan minando la calidad óptima de su plantilla.
Mientras entre bastidores se desarrolla esta batalla por lograr una mejor capacidad de gestión tributaria, y el Tribunal Constitucional saca los colores al Gobierno, los ciudadanos acuden en masa a hacer las últimas cuentas con Hacienda. Es tiempo de cosechar. El refranero español ya recogía en la antigüedad que «en tiempo de melones, todo son contribuciones». Los contribuyentes, mantienen la esperanza de que, con la ayuda del nuevo programa de Renta web, su declaración sea perfecta y, con suerte, les salga «a devolver». Así será para una mayoría de ellos, muchos de los cuales, en el colmo de la inocencia, terminarán pensando que no pagan nada por IRPF, y que Hacienda les termina dando dinero: Cosas del efecto anestesia que suponen las retenciones, pagos a cuenta y cobros por adelantado. Un privilegio, el de cobrar por anticipado, que sólo lo disfruta el fisco, pero del que lamentablemente se escapan los que más tienen.
