Alicante ya cuenta con un juzgado especializado en cláusulas suelo plenamente operativo. Casi con una semana de retraso sobre su entrada oficial en funcionamiento, el pasado día 1, la magistrada y los cuatro funcionarios que se harán cargo del nuevo organismo judicial pudieron empezar ayer a trabajar de forma efectiva en la tramitación de las primeras demandas, tras recibir el equipamiento necesario, tal y como pudo comprobar este diario.
La precipitación con que se pusieron en marcha estos nuevos juzgados en toda España -una vez constatado el fracaso del mecanismo extrajudicial aprobado por el Gobierno- provocó que los responsables de la Conselleria de Justicia no tuvieran planificada ni su ubicación ni los medios necesarios, lo que impidió que el personal designado pudiera desempeñar sus tareas el día previsto. La primera cuestión se resolvió rápidamente, recuperando las oficinas que la Conselleria tenía cedidas en el Palacio de Justicia de Pardo Jimeno de Alicante al Colegio de Graduados Sociales, reubicados ahora en la cuarta planta del inmueble. Sin embargo, tal y como publicó este diario, el pasado viernes las dependencias del nuevo juzgado seguían cerradas a cal y canto, sin muebles, ni ordenadores, ni impresoras.
No fue hasta el martes cuando los funcionarios pudieron instalarse en los despachos habilitados, con la llegada del mobiliario, y hasta ayer no dispusieron del acceso a los programas informáticos para la tramitación de las demandas. De hecho, a media mañana, los técnicos seguían configurando los ordenadores y aún faltaban por instalar algunos teléfonos.
Secretario compartido
Igualmente, de momento el nuevo juzgado, el Juzgado de Primera Instancia número 5 Bis, deberá compartir secretario judicial con su «hermano mayor», el Primera Instancia número 5, del que ejerce de refuerzo. Al menos será así hasta que el Ministerio de Justicia decida lo contrario. En cualquier caso, la demora en la puesta en marcha efectiva del nuevo órgano judicial no ha impedido que los afectados hayan podido presentar sus demandas. Así, hasta el pasado martes ya se habían registrado 55 a través del Decanato del Palacio de Justicia de Benalua, según las fuentes consultadas.
Curiosamente, la mayoría de estas primeras demandas no están referidas a las polémicas cláusulas suelo sino a otro de los asuntos candentes relacionados con la contratación hipotecaria: la reclamación de los gastos de notaría y registro de los préstamos, que también ha sido recientemente avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, hay que recordar que estos juzgados entenderán «de manera exclusiva y no excluyente» de todos aquellos litigios relacionados con las condiciones generales de contratación de las hipotecas, siempre que el prestatario sea una persona física, lo que excluye las reclamaciones de las empresas.
Primeros juicios
Una vez arrancada la tramitación y debido a todos los pasos que hay que seguir, no se espera que las primeras vistas orales se celebren hasta finales del mes de julio o, con mayor probabilidad, hasta la vuelta de las vacaciones de verano, es decir, en septiembre. Con la creación de estos nuevos juzgados, el Consejo General del Poder Judicial quiere evitar que la previsible avalancha de demandas por cláusulas suelo y otras cuestiones similares acaben colapsando el funcionamiento del resto de la Justicia. Para ello decidió especializar 54 juzgados en toda España -uno por provincia en la Península y otros dos en Canarias y Baleares-, y se crearon juzgados de refuerzo en 15 demarcaciones, entre ellas Alicante. Este nuevo órgano tendrá carácter provincial, por lo que recibirá las demandas de todos los partidos judiciales alicantinos.
La medida, en cualquier caso, no ha sido del agrado de todo el mundo. Desde el Consejo General de la Abogacía Española ya han anunciado un recurso al considerar que los medios previstos son insuficientes y que conllevará un aumento de la demora. También algunas organizaciones de consumidores, como Facua, han lamentado la falta de dotación de estos nuevos juzgados -que nacen con la mitad del personal que un juzgado normal- y consideran que esta escasez de medios «sólo beneficiará a la banca».
