A diestro y siniestro repartieron ayer estopa contra los administradores provisionales de la CAM y contra el Banco de España exdirectivos de la caja que, como testigos de la defensa, declararon en la séptima sesión del juicio que por el hundimiento de la entidad se está celebrando en la Audiencia Nacional.
Especialmente crítico con la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) fue el último secretario general de la CAM, el noveldense José Pina, quien aseguró que los administradores provisionales dejaron de registrar como beneficios unos 200 millones procedentes de las titulizaciones, la venta de préstamos fallidos con opción de recompra con las que el fiscal sostiene que se engordaron ficticiamente las cuentas de la caja y que el FROB anuló nada más llegar. Unos resultados que, según explicó, «no se anotaron en la cuenta de resultados hasta mucho después, en junio de 2012, cuando Bruselas aprobó la venta de la entidad al Sabadell».
Romper una lanza
Pina, quien señaló que entró en la caja como botones y rompió una lanza por el buen hacer de sus excompañeros, respondió con un «estaba sin cargo» a la pregunta del abogado del Fondo de Garantía de Depósitos de si tuvo conocimiento de que tras la ruptura del SIP la caja estaba buscando accionariado. Y mantuvo que «el que hubiera problemas de morosidad no significaba que la entidad tuviera problemas» al ser cuestionado por el abogado de Caser (la aseguradora considerada responsable civil en este proceso) sobre si no le pareció relevante la falta de liquidez de arrastraba la caja. Una declaración, la de Pina, que provocó que el abogado que representa a los afectados por las cuotas, Diego de Ramón, anunciara en sala la posibilidad de actuar contra él por falso testimonio.
El misma línea se manifestó el exdirector territorial de la CAM en Murcia Ildefonso Riquelme, quien aseguró que «hubo operaciones claras en las que se había llegado a acuerdos con los clientes que tuvieron que calificarse como dudosas porque así los dijeron los administradores». Y agregó que «ninguna entidad hubiera aguantado la presión que soportó la CAM».
Su homólogo en Valencia, Bernardo Chuliá, declaró que ya existía un plan de recapitalización de la caja «que se aceleró con la intervención» y relató la reunión que mantuvieron con el Banco de España en la que el organismo regulador buscaba que la CAM suspendiera la prueba de estrés.
Según explicó, el Banco de España pretendía aplicar a la CAM una normativa contable en 2011 que para el resto de las entidades pospuso hasta el año siguiente e incluso en 2013. Según eso, apuntó, «la caja necesitaba 500 millones para poder adelgazar, lo que nos hubiera supuesto bajar persiana». Tras negarse la entonces directora general a firmar, agregó, «nos llamaron y nos dijeron que habíamos aprobado por los pelos».
Desde Alicante y por videoconferencia, el último director adjunto de la caja, Agustín Llorca, recordó que un inspector del Banco de España llegó a felicitarse en 2009 por la política de riesgos de la caja y, al igual que declararon el resto de sus excompañeros, aseguró que todas las operaciones se estudiaban al detalle y que en su aprobación, que siempre era por unanimidad, intervenían varios departamentos de la caja; además de contar con el refrendo de los auditores y el visto bueno del consejo de administración, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Unas operaciones en las que los testigos incluyeron las polémicas titulizaciones que, según precisó el exdirector de Control de Riesgos, Manuel Pomares, «si se hubieran contabilizado correctamente (en alusión a esos 200 millones de supuestos beneficios tras revertirlas a la caja) no habría sido necesario pedir provisiones».
