Tibios, prudentes en sus expresiones como para evitar pisar callos y con respuestas casi calcadas, tal que si las hubiesen aprendido de memoria para asegurarse no decir más allá de lo estrictamente preciso o algo que les pudiera acarrear algún quebradero de cabeza, por pequeño que fuera. Así comparecieron ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el saqueo de la CAM Manuel Menéndez y Jesús Ruano, en la actualidad en la cúpula directiva de Liberbank y quienes hace siete años negociaron con la mayoría de los quienes ayer ocupaban el banquillo de los acusados una fusión que se quedó en agua de borrajas. Por lo demás, ni Menéndez ni Ruano dijeron algo que no se supiera o que no hubieran dicho ya en la fase de instrucción, aunque quizá con más mesura. Fruto, también puede ser, del paso del tiempo.

El primero en comparecer y algo más locuaz que su superior fue Ruano, director general de Liberbank, la entidad que salió de la fusión de la que la CAM fue expulsada. El ejecutivo explicó que la lamentable situación financiera de la caja se fue conociendo en los meses posteriores a iniciarse las conversaciones, que arrancaron a mediados de 2010, lo que provocó que las asambleas de tres de las cuatro cajas que estaban negociando el SIP votaran en contra de la presencia de la CAM en el proyecto.

«Peor de la previsto»

Ruano, al igual que después haría Menéndez, relató que aunque todos los presupuestos que les llegaban de la entidad arrojaban beneficios, lo cierto es que la situación comenzó a deteriorarse a gran velocidad. Y situó el momento en que empezaron a sospechar que no era oro todo lo que relucía cuando una inspección del Banco de España en 2010 dejó al descubierto una «muy importante» reclasificación de créditos (las polémicas titulizaciones con las que supuestamente se vendían los créditos fallidos pero que tenían una opción de recompra que hacían que volvieran a la caja), lo que reveló que el patrimonio y la evolución de la entidad «era mucho peor de lo previsto». Con estos datos, explicó el testigo, se vio que las previsiones eran «incumplibles» y que el proyecto de fusión «no tenía interés porque carecía de viabilidad».

Un concepto, el de la viabilidad, al que también se refirió Manuel Menéndez, quien matizó que hasta enero de 2011, más de medio año después de iniciarse los contactos con la CAM, no supieron que arrastraba pérdidas.

Más esquivo en las respuestas que su compañero, el consejero delegado de Liberbank llegó a contestar al fiscal con un «ni sospechamos ni dejamos de sospechar, cuando tuvimos los datos tomamos la decisión» a la pregunta del acusador público sobre cuándo empezaron a percatarse de que los resultados de la CAM no eran los que les estaban contando.

Menéndez agregó que por esas fechas la pésima situación de la caja «era pública y conocida»y que poco a poco también se fue sabiendo que «la necesidad de capital era mayor», lo que hizo el proyecto «imposible».