Ni liquidez, ni directivos ni información. Ese fue el escenario que se encontraron a su llegada a la CAM los tres administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para gestionar provisionalmente la caja después de su intervención por el Banco de España. Al menos así lo relató uno de ellos y la cara visible de este organismo en Alicante, José Antonio Iturriaga, quien en su declaración ante el tribunal que juzga a la cúpula de la entidad precisó que no se creyeron las cuentas porque no era lógico que estuviera ganando dinero, como decía, y que pidiera ayuda al Banco de España.

Mucho más pausado que durante su comparencia en el primer juicio de la CAM (en el que se juzgó y se absolvió al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y al expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés), Iturriaga definió la intervención de la CAM como «un barco al que hay que subirse en marcha y arreglar las máquinas mientras sigue navegando». Una tarea que, según dijo, les supuso trabajar 24 horas al día cuando la mayoría de los directivos ya se habían ido bien por jubilaciones o bajas incentivadas.

Así las cosas, lejos de escarbar en las cuentas de 2010, lo que hubiera arrojado una situación incluso peor, precisó, se centraron en los estados intermedios del primer semestre del 2011 (la intervención fue el 22 de julio de ese año). Unas cuentas que arrojaban unos beneficios de más de 60 millones y que no se firmaron al detectarse «operaciones que arrastraban un deterioro de la rentabilidad crediticia».

Iturriaga explicó que lo que hicieron fue pedir al Banco de España y a un auditor externo un análisis de la cartera crediticia y retrotraer las cuentas de la caja al momento anterior al que se realizaron esas operaciones que daban un resultado ficticio, en alusión a las titulizaciones con las que supuestamente se simulaba la baja en la contabilidad de créditos fallidos. El resultado final fueron unas pérdidas de más de mil millones.

Mal día para las defensas

A preguntas de las defensas, que ayer no tuvieron un buen día, Iturriaga explicó que las reuniones con los directivos que quedaban en la CAM eran permanentes, que esas cuentas de 2011 que los acusados insisten en que eran provisionales ya habían sido presentadas y que la caja fue intervenida «porque lo pidió la propia entidad ya que no eran capaces de seguir gobernándola además de que las titulizaciones la llevaron a una situación de insolvencia».

Su compañero Benicio Herranz destacó que, pese a su situación, «la CAM tenía que abrir todos los días para atender a sus clientes», precisó que las opciones de compra de esas titulizaciones no aparecían contabilizadas (uno de los caballos de batalla entre los departamentos que dirigían los exdirectores Teófilo Sogorb y Francisco Martínez) y aseveró que en todo momento aplicaron «la normativa vigente», sin ninguna indicación específica del Banco de España.

Iturriaga recordó cómo nada más llegar tuvieron que pedir una póliza de 3.000 millones para dotar de liquidez a la caja además de los 2.800 millones que inyectó el supervisor para capitalizarla y los 5.249 millones que recibió del Fondo de Garantía de Depósitos, acusación particular en este proceso, la mitad de los cuales proceden del Banco de España.