Casi seis años después de la intervención del Banco de España que puso fin a su existencia como entidad independiente, la Audiencia Nacional juzga estos días a los que fueran máximos responsables de la CAM -su último presidente, Modesto Crespo, y siete ejecutivos, entre los que están los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós- para determinar si falsearon las cuentas de la caja y si se aprovecharon de su posición para cobrar unas retribuciones a las que no tenían derecho. Una especie de epílogo al esperpento que fueron los últimos meses de una entidad que llegó a ser la cuarta caja de ahorros del país y de cuya desaparición nadie ha querido hacerse responsable: ni los consejeros y directivos que la gobernaban, ni los supervisores que no supieron evitar la debacle, ni mucho menos los políticos que la exprimieron para financiar sus proyectos faraónicos y que luego no tuvieron las fuerzas o las ganas para defenderla.
Embarcada en una competencia feroz con Bancaja, la CAM protagonizó uno de las mayores expansiones del sector financiero español durante los años del «boom, que le llevaron a tener implantación en todo el país. A lomos del sector inmobiliario y sin importarle financiar auténticos «pelotazos» bajo la simple promesa de recalificación de unos terrenos, la entonces Caja Mediterráneo logró multiplicar casi por cinco su volumen de créditos entre los años 2000 y 2008, al pasar de 12.154 millones a 57.500.
Con estas cifras no es de extrañar que sus gestores fueran de los primeros en verle las orejas al lobo y también de los primeros en tomar medidas ante la que se avecinaba. Fue así como decidieron emitir las malogradas cuotas participativas, destinadas a dar algo de liquidez a la caja ante el aumento de la morosidad, y también fue así como pusieron en marcha Mediterranean -el germen de lo que hoy en día es Solvia- para dar salida a los inmuebles que empezaban a acumularse en sus balances.
A pesar de ello, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó el FROB en junio de 2009 para animar a las entidades españolas a fusionarse, los máximos dirigentes de la caja alicantina, entre ellos su recién nombrado presidente, Modesto Crespo, desdeñaron las ayudas que ofrecía este organismo -«no son ningún regalo», señaló el ilicitano en febrero de 2010- y aseguraron que la CAM era perfectamente capaz de seguir en solitario. Mucha altanería para quien esta misma semana aseguraba en la Audiencia Nacional ostentar únicamente un papel de florero en la entidad.
De Cajamurcia al SIP
Todo cambió cuando al Gobierno y al Banco de España se les acabó la paciencia -en parte, debido a las presiones de Bruselas- y pusieron sobre la mesa la amenaza de la nacionalización para aquellas entidades que no hicieran los deberes. Ante la posibilidad de quedar diluidos en una fusión con una caja más grande -desde el supervisor se quería fusionar a la CAM con Caja Madrid, entonces presidida por Rodrigo Rato-, los directivos empezaron a tantear a otras cajas de ahorros de tamaño medio, a las que pudieran tratar de tú a tú.
La opción natural era Cajamurcia, con la que pronto hubo un entendimiento. Además, el hecho de que tanto el Gobierno murciano como la Generalitat estuvieran en manos del PP parecían facilitar las cosas. El propio Francisco Camps llegó a respaldar la operación. Sin embargo, todo se torció el 10 de mayo, cuando los responsables de ambas entidades estaban preparándose para comunicar la fusión al entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En el último momento, el conseller de Economía, Gerardo Camps, llamó a los responsables de la CAM para dar marcha atrás al considerar inaceptable que la sede social de la nueva entidad estuviera en Murcia, lo que supondría que la nueva caja se regiría por la legislación de la comunidad vecina. De esta forma, el conseller enmendaba la plana al presidente de la Generalitat, en horas bajas por las acusaciones contra él por el caso Gürtel.
La caja alicantina entró entonces en una carrera contrarreloj y, tras intentarlo con las vasca BBK, acabó firmando un protocolo de intenciones con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura apenas 15 días después de la ruptura con los murcianos. Todo con tal de alejar el fantasma de la absorción por Caja Madrid o de una fusión con Bancaja, que hubiera sido catastrófica ya que ambas compartían casi un 40% de los clientes.
La rebelión de los consejeros
Desde un principio, los consejeros de la CAM -como si fueran completamente ajenos a la delicada realidad de la caja- pusieron pegas a la operación, articulada inicialmente como una fusión fría o Sistema Institucional de Protección (SIP) que, en teoría, permitiría mantener la identidad de cada uno de los socios. Cajastur tenía la mitad de tamaño que la CAM pero, aún así, dispondría del mismo porcentaje del capital -el 40%- y su presidente, Manuel Menéndez, sería el máximo responsable del nuevo grupo, como consejero delegado. Era una forma de reconocer el deterioro de las cuentas de la caja alicantina y, también, una forma de tranquilizar al supervisor ya que Menéndez era un hombre de la total confianza de Fernández Ordóñez y del Ejecutivo socialista. A los consejeros no les gustó esta preeminencia de los asturianos y se rebelaron, lo que retrasó la firma del acuerdo cerca de dos meses, hasta el 27 de julio.
Conforme avanzaban los trabajos y el intercambio de información entre las entidades del SIP, pronto se vio que el modelo de integración «light» que se había planteado no iba a funcionar y que era necesario una fusión total, con la cesión de todos los activos de las cajas fundadoras a un banco de nueva creación del que serían accionistas: el Banco Base.
El cambio no gustó a los miembros del consejo de la CAM que, de nuevo, amenazaron con bloquear la integración al considerar que se cedía demasiado a los asturianos. Al menos ésa fue la versión oficial, porque detrás de esta nueva rebelión también estaba la pugna por ver quién ocuparía los sillones en el consejo del nuevo banco o qué ocurriría con las filiales de la CAM, que eran las que pagaban las generosas dietas que recibían los consejeros. Al final, volvieron a ceder, el director general de la caja, Roberto López Abad, se marchó para ocupar este mismo cago en el Banco Base y dejó al frente de la CAM a su número dos, María Dolores Amorós. Era diciembre de 2010.
Pensiones vitalicias
Mientras los consejeros se peleaban por los cargos, los directivos de la CAM miraban con preocupación el momento en que los responsables de Cajastur tuvieran pleno acceso a todos los archivos. Fue por esta época, por ejemplo, cuando corrigieron a la baja el seguro que les garantizaba una renta vitalicia tras la jubilación que, supuestamente, habían contratado por una cantidad que superaba los límites autorizados por la asamblea. También cuando acordaron pagar los incentivos a largo plazo, aunque no se habían cumplido las condiciones, y, sobre todo, cuando supuestamente maniobraron para engordar ficticiamente los beneficios de la caja, el principal delito por el que ahora se les juzga.
En aquella fecha también se produjo otro hecho clave en la caída de la CAM. Fue cuando el Banco de España remitió a la entidad el resultado definitivo de la inspección permanente a que había sometido a la caja desde el año 2008. Un documento en el que le conminaba a reclasificar como morosos miles de créditos, lo que suponía cientos de millones en nuevas provisiones.
Otro motivo de disputa entre los ejecutivos y los consejeros, ya que estos últimos aseguran que nunca supieron de este requerimiento del Banco de España, a pesar de que sí consta en las actas del consejo del 21 de diciembre de 2010. Sea como sea, cuando llegó a manos de los responsables de Cajastur éstos quisieron renegociar los términos del acuerdo para rebajar la participación de la CAM en el nuevo banco, a la vista de que los activos que iba a aportar eran de menor valor. Los asturianos aseguraron sentirse engañados aunque algo sospecharían cuando el SIP de la CAM y Cajastur era el único de la banca española que incluía una cláusula suspensiva, que permitía su reversión.
La ruptura total se produjo cuando el Gobierno decidió aumentar los niveles mínimos de solvencia de las entidades y los cálculos realizados por los asturianos revelaron que la petición de fondos que necesitaban realizar al FROB para garantizar la viabilidad del grupo supondría que el Estado tendría la mayoría del capital. En las asambleas que celebraron el 30 de marzo de 2011, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura se negaron a ratificar el SIP y dejaron sola a la CAM, que decidió seguir en solitario con los planes para traspasar su actividad al nuevo banco, rebautizado como Banco CAM.
La huida hacia delante
María Dolores Amorós pidió 2.800 millones de euros al FROB y presentó un plan de viabilidad para ganar tiempo, mientras buscaba a la desesperada, de la mano de Modesto Crespo, algún socio dispuesto a poner el capital necesario para evitar la nacionalización. La propia entidad se encargó de difundir el rumor de que el fondo norteamericano JC Flowers estaba interesado en la caja, para animar a los posibles compradores.
Fue en aquella época cuando se hizo más patente la soledad de los responsables de la CAM y la falta de peso o de interés por parte de la Generalitat para salvar la caja.
El Gobierno aguantó -para evitar el escándalo- hasta que se garantizó el éxito de la salida a Bolsa de Bankia y hasta que la Autoridad Bancaria Europea publicó sus tests de estrés, que la CAM suspendió estrepitosamente. El jueves 21 de julio de 2011 el responsable del Banco de España en Alicante, Luis Expósito, interrumpió el consejo de administración de la caja para entregar un último requerimiento: o se presentaba un plan factible o se nacionalizaba la caja. Al día siguiente se produjo la intervención.
El FROB designó a tres administradores, encabezados por José Antonio Iturriaga, y afloraron unas pérdidas de 1.136 millones cuando, tres meses, antes Amorós había declarado beneficios de 39 millones. Sólo el Sabadell quiso pujar en la subasta que organizó el Banco de España para vender la entidad, que adjudicó en diciembre de ese año por un simbólico euro y miles de millones en ayudas.
