03 de junio de 2017
03.06.2017
Alicante

El juzgado especial de cláusulas suelo de Alicante arranca sin muebles, impresoras ni secretario

Las demandas se están registrando en el Decanato al no tener el personal todavía espacio físico donde trabajar y se han recibido unas 30 en dos días

04.06.2017 | 02:37
Uno de los despachos del nuevo juzgado, ayer, totalmente vacío.

La Conselleria usa el espacio que tenía cedido a los Graduados Sociales para habilitar el nuevo órgano judicial

El juzgado especializado en cláusulas suelo en Alicante ha empezado a funcionar sin mobiliario, impresoras, ni secretario judicial, según confirmaron a este diario fuentes del Palacio de Justicia. El juzgado ya tiene designado a una magistrada y a cuatro funcionarios pero todavía no tienen espacio físico donde trabajar debido a esta situación. Las demandas se están recibiendo temporalmente en el Decanato hasta que se normalice la situación. En dos días de funcionamiento, se han recibido ya una treintena de demandas por cláusulas suelo y se espera que la cifra se incremente en los próximos días ya que el nuevo juzgado tiene ámbito provincial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 25 de mayo la especialización de 54 juzgados en toda España en reclamaciones contra bancos por cláusulas suelo. En Alicante la medida se traducía en la creación de un juzgado de refuerzo (Primera Instancia número Cinco bis) servido por una magistrada en prácticas. Todos estos juzgados tenían que entrar en funcionamiento desde el jueves 1 de junio. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana urgió el miércoles, un día antes, tanto a la Conselleria como al Ministerio de Justicia a dotar de personal y medios a los tres juzgados especializados de la Comunidad Valenciana.

En Alicante, uno de los principales problemas era dónde habilitarlo, ya que las dos sedes judiciales de Benalúa están al completo y apenas cabe una sola dependencia más. La paralización que sufre el proyecto de reforma del Palacio de Justicia complica más este panorama. La situación hasta ahora se había solventado porque no se ha creado ni un solo nuevo juzgado en siete años, debido a las políticas de austeridad presupuestaria.

El espacio físico para el nuevo juzgado empezó a habilitarse el jueves, en las oficinas que la Conselleria de Justicia tenía cedidas al Colegio de Graduados Sociales en el Palacio de Justicia de Pardo Jimeno. El personal de este colectivo profesional, que realiza labores de asesoramiento en pleitos laborales, ha sido reubicado en otras oficinas en la cuarta planta del edificio. Ayer los tres despachos en los que se montará el futuro juzgado seguían vacíos y cerrados con llave.

Según fuentes del Palacio de Justicia, los cuatro funcionarios y la magistrada ya se habían incorporado desde el mismo jueves, pero no tenían oficina donde trabajar. También se cuentan con ordenadores para el juzgado, pero ni están instalados, ni todavía no se cuenta con impresoras. El mobiliario y el material informático dependen de la Conselleria de Justicia y se esperaba que en los próximos días llegara el material. Asimismo, todavía no se ha nombrado tampoco al secretario judicial (ahora llamado letrado de la Administración de Justicia) del nuevo juzgado. El nombramiento del secretario depende del Ministerio de Justicia y mientras se incorpora su trabajo será asumido por otro compañero.

El miércoles, el TSJ alertaba de que un día antes de la puesta en marcha de los nuevos juzgados no habían recibido oficialmente información alguna sobre la efectiva entrada en funcionamiento, ni sobre los medios personales y materiales que debían ponerse a su disposición. En una reunión mantenida en el CGPJ con los responsables del Ministerio de Justicia y de esta cartera en las comunidades autónomas se alcanzó el compromiso de colaborar con este plan y nombrar todos el personal que sea necesario, siempre que lo justifique la carga de trabajo. El plan no ha contado con el visto bueno del Consejo General de la Abogacía Española que anunció un recurso contra la medida, al considerar que un solo juzgado carece de capacidad para absorber las demandas por lo que, a su juicio, se incrementará la demora en la resolución del pleito y se agravará el problema.

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