Como si de un juicio por divorcio se tratara, los exresponsables de los departamentos de Planificación y Control y de Inversiones y Riesgos de la CAM, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez respectivamente, secundados cada uno por sus subordinados, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, escenificaron ayer ante el tribunal que les juzga por el supuesto falseo de las cuentas de la caja un enfrentamiento que les llevó a acusarse mutuamente de las operaciones con las que presuntamente engordaron la contabilidad de la entidad, unos hechos por los que se enfrentan a una petición de penas que va de los dos a los 16 años de prisión. Ocurrió en la cuarta jornada de esta vista oral, la más intensa junto a la segunda (cuando declararon el expresidente Modesto y los dos últimos exdirectores generales dando muestras en este caso de un pacto de no agresión), en la que tras una sesión maratoniana concluyeron las testificales de los ocho acusados.

Arrancó Sogorb dejando claro que para el departamento que dirigía era imposible detectar que se estaban vendiendo créditos fallidos (las denominadas titulizaciones con las que se buscaba liquidez ) pero con una opción de recompra (con lo que el resultado en realidad era ficticio ya que la caja no se desprendía del riesgo). «La CAM tenía problemas de morosidad y los gestionaba Inversiones y Riesgos (que dirigía Martínez). Nosotros no podíamos conectar una información con otra salvo que nos lo comunicaran», explicó Sogorb en alusión a esas opciones que aseguró que se le ocultaban.

«Que se lo pregunten a Sogorb»

Con la pelota en su tejado, Martínez no dejó pasar ni cinco minutos para, a preguntas del fiscal, aseverar que la polémicas opciones «las conocía todo el mundo». Según el responsable del departamento en el que se cocinaban, «en todos los documentos que se presentaban figuraba que existía la opción. Todas tenían esa clausula y unas se daban de baja en el balance y otras no. ¿Que de quién era la responsabilidad? Que se lo pregunten a Sogorb», espetó.

El exdirectivo enfatizó el papel de las titulizaciones con las que aseguró que en dos años se había generado una liquidez de 620 millones y afirmó, en relación a la acusación de Sogorb: «Voluntad de ocultar, ninguna. Transparencia toda».

Aun así, el exejecutivo, que estuvo al frente del departamento financiero de la caja de 2005 a 2011, quiso dejar claro que él se limitaba a «hacer operativa la política que diseñaba el comité de dirección» y que era el negociado de Sogorb el que se encargaba de la clasificación contable de unas operaciones que el suyo sólo elaboraba. «El objetivo era crear un bono que fuera más robusto para conseguir financiación», declaró.

La seguridad de la que hizo gala durante gran parte del interrogatorio se tambaleó un poco cuando, al ser preguntado por quién tenía la responsablidad de clasificar los créditos como morosos o fallidos, se empeñó en responder una y otra vez que «el ordenador», para acabar admitiendo que ese cometido formaba parte de su área.

En cualquier caso, aseguró que ninguna operación fue cuestionada por el Banco de España y que jamás dio órdenes para que se ocultara información. Prueba de ello, afirmó, es que en 1.800 correos que hay en la causa no se ha encontrado ninguno en que diera alguna indicación en ese sentido.

En la misma línea discurrió la testifical de Juan Luis Sabater, exdirector de Financiación y Liquidez y subordinado de Martínez, quien no vio «nada extraño ni irregular» en las titulalizaciones realizadas en 2010 y 2011. Unas operaciones con contaron con el visto bueno de los órganos de gobierno de la caja, dijo. Al igual que su jefe, defendió su papel para generar liquidez y añadió que no era «un experto contable», en la alusión a que era el departamento de Sogorb y no el suyo el encargado de reflejar las operaciones en la contabilidad de la caja. «Yo le trasladaba todo lo que me solicitaba», dijo en alusión a Sogorb.

Sabater agregó que las titulizaciones no eran algo nuevo, que se venían firmando desde 2004, que la novedad de las de 2010 radicaba en que se hacían con créditos fallidos y que en todas ellas había una claúsula estandar que permitía la recompra. «El precio no era lo más importante, sino que el bono no estuviera expuesto a pérdidas».

«No pudimos hacer más»

Como un torbellino testificó el último de los acusados, el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Con vehemencia, el exejecutivo señaló que «no puedo decir que mis compañeros llevaran a cabo estas acciones (en referencia a la la supuesta ocultación de las opciones de recompra) con fines espurios, pero sabían que si financiábamos al comprador no habría bajada de balance y no sé si por esa advertencia lo que hicieron fue ocultar y engañar, no digo que con ánimo de generar resultados, yo no entro en eso. Probablemente lo hicieron sin querer pero ni a mí ni a mi equipo se nos informó claramente. Yo era el primer interesado en que KPMG tuviera hasta el último detalle pero no pudimos hacer más con la información que se nos dio».

Visiblemente molesto Ochoa agregó que jamás le habían hablado de las opciones de recompra, que supo de su existencia cuando llegaron los administradores del FROB pero que cree que no afectaron a la imagen real de la entidad, como sostiene el fiscal.