Los ingenieros y los arquitectos valencianos se han enzarzado en una batalla por el visado obligatorio de los pisos de más de cincuenta años. Los profesionales compiten por la revisión de más de 85.000 inmuebles en la Comunidad Valenciana que deben disponer del certificado antes del 28 de junio de 2018. Los arquitectos y los aparejadores defienden que es una competencia exclusiva suya y los ingenieros técnicos industriales mantienen que no existe reserva de actividad. Los ingenieros y los arquitectos ya se han disputado en los últimos meses las competencias de las licencias de segunda actividad y los certificados energéticos de los edificios.
La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, que dirige María José Salvador, calcula que en total hay 76.000 viviendas de más de cincuenta años. De estas, las integradas en unos 94.000 inmuebles aproximadamente (las plurifamiliares) deben contar con el informe antes del 28 de junio de 2018, que es el plazo que fijó el Estado en la ley de Suelo de 2015. Hasta mayo de 2017 solo un diez por ciento de estos inmuebles disponen del Informe de Evaluación de Edificios (IIE) por lo que quedan más de 85.000 por revisar.
La inspección debe verificar las condiciones que presentan los inmuebles en cuanto a su estado de conservación, los principales desperfectos apreciados y las intervenciones que deben realizarse para rehabilitar o reformar el edificio. El objetivo es «garantizar las condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación de los inmuebles».
Rafael Durá, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (Coacv), insistió ayer en que la «competencia es exclusiva de los arquitectos y aparejadores». «Lo dice la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y el Tribunal Supremo nos ha dado la razón», señaló. Durá subrayó la importancia de que la revisión la realice un arquitecto o un aparejador porque «es algo serio. Es como la ITV del edificio y deben ser profesionales con conocimientos para certificar que el inmueble es seguro».
Reserva de actividad
Por contra, los ingenieros técnicos industriales de la Comunidad Valenciana mantienen que no existe reserva de actividad. Antonio Martínez Canales, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, aseguró que en España «muchas de las estructuras en edificios de viviendas las calculan ingenieros, aunque después son los arquitectos quienes firman estos proyectos. Los ingenieros también proyectan instalaciones que, aunque no sean viviendas, albergan personas las veinticuatro horas del día como por ejemplo centrales nucleares». Martínez Canales lamentó: «Es una paradoja que según la LOE los ingenieros industriales podamos firmar el proyecto de una central hidráulica pero no el de la caseta del guarda que cuida esa instalación por las noches».
La obligatoriedad de contratar la realización del informe corre a cargo de las comunidades de vecinos. Los técnicos deben realizar el certificado que se remite a los ayuntamientos. Además de mejoras en la accesibilidad, incluida en las leyes actuales pero hacia las que no se tenía tanta sensibilidad hace quince años, en estos edificios suelen detectarse problemas energéticos, en los tejados, en las ventanas, en la estructura o de humedades.
Falta de cumplimiento
A pesar de que han pasado más de veinte años de la primera norma estatal que exige este control, «hay una falta de cumplimiento general». En la práctica hasta ahora la Administración solo había exigido estos informes como requisitos para acceder a las ayudas a la rehabilitación de edificios y solo ocho municipios han incorporado la obligación a sus ordenanzas: València, la Vila Joiosa, Catral, Alcoi, La Nucia, Sagunt, Xirivella y Tavernes de la Valldigna.
