La ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Dolores Amorós, aseguró ayer, en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra ocho exdirectivos de la entidad, que el Banco de España intentó que la caja suspendiera los tests de estrés impuestos por las autoridades europeas, al obligarle a aplicar para el ejercicio 2011 una normativa contable que el resto de entidades no tuvo que asumir hasta 2012 o 2013.

Amorós se refería así al examen que realizó en verano de 2011 la Autoridad Bancaria Europea, en el que participaron 25 entidades españolas y en el que CAM, Banco Pastor, Caja3, Unnim y CatalunyaCaixa no alcanzaron los requisitos de solvencia mínimos. Aquel suspenso fue uno de los principales motivos que precipitó la intervención de la caja alicantina, que más tarde fue subastada y adjudicada al Sabadell por un euro y unas ayudas iniciales de 5.249 millones de euros, además de un esquema que protege a la entidad catalana de las pérdidas ocasionadas por los negocios inmobiliarios de la extinta caja.

Preguntada por cómo pudo la caja pasar de registrar unos beneficios cercanos a los 39 millones de euros en el primer trimestre de 2011 a unas pérdidas de 1.136 millones en apenas tres meses de plazo, Amorós matizó que fue debido a las exigencias de capital y al «importante saneamiento» al que fue sometida antes de que estos criterios fueran homogeneizados por el supervisor en 2012 para todo el sector financiero.

«Yo llego a la conclusión que se anticiparon criterios y se puso en pérdidas; se adelantaron normas contables que no salieron hasta 2012 y 2013», declaró ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en esta segunda sesión de juicio, en la que denunció que el acta de la entidad en la que presuntamente ella da el visto bueno a los resultados del primer semestre de 2011 con unos beneficios de 65 millones -frente a las pérdidas de 1.136 que luego afloraro- estaba manipulada. «Yo no puedo decir eso en la vida», aseguró.

Dotaciones automáticas

La que fuera número dos de Roberto López Abad durante más de una década también aseguró ante el tribunal que «las dotaciones para provisiones las hacía de forma automática el ordenador», por lo que no cabe la posibilidad de que se manipularan. Igualmente, afirmó que la fusión con las otras cajas no llegó a producirse debido a los requerimientos de capital que exigía el real decreto de febrero de 2011, en lo que coincidió con el ex director general Roberto López Abad, que también declaró ayer como imputado.

Respecto de los estados financieros del primer trimestre de 2011, Amorós defendió que «no eran provisionales sino definitivos, con saneamientos no contra resultados sino contra un fondo de pérdida esperada», como exigía la normativa; si alguien «dudaba de ello, tenía que haberlo dicho entonces». En cuanto a los resultados semestrales, señaló que sólo conoció una cuenta «provisional», ya que fue despedida antes de que se formularan.

En el escrito de acusación, la Fiscalía atribuye a López Abad y Amorós los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011.