El centro de oficios sigue dando quebraderos de cabeza a los responsables de Coepa. Aunque la patronal alicantina logró salvar un importante «match ball» cuando el juzgado archivó la denuncia penal presentada por el Servef para que se investigaran las posibles irregularidades en la gestión de las subvenciones concedidas para la construcción del edificio, los empresarios no han logrado hacer lo mismo con el expediente administrativo que también abrió este organismo público para exigir la devolución de esas ayudas, que sigue su curso. Así, según ha podido saber este diario, el Servef acaba de rechazar el recurso de reposición que había presentado Coepa contra la resolución de dicho expediente, en el que se le reclaman hasta 1,9 millones de euros, lo que aventura un nueva batalla judicial entre ambas instituciones, aunque en este caso en la jurisdicción contenciosa-administrativa.
En este sentido, fuentes oficiales de la patronal confirmaron que ya están preparando el escrito para presentarlo en los tribunales -para lo que tienen un plazo de dos meses-, aunque antes podrían intentar también un recurso de reforma ante la propia administración, para agotar por completo esta vía.
Tanto en uno, como en otro caso, Coepa también estudia si puede utilizar para detener el expediente los mismos argumentos que le sirvieron para librarse de la causa penal, es decir, la prescripción de las supuestas irregularidades que han ocasionado la reclamación. Desde la patronal consideran que, si este argumento no es suficiente para poner fin al procedimiento de reintegro, al menos podría reducir la cifra que exige la Administración.
Incompatibilidad de las ayudas
La reclamación del Servef tiene dos partes diferenciadas. Por un lado, el organismo considera que Coepa incumplió la ley al recibir dinero de dos instituciones públicas para una misma finalidad, ya que, además de las subvenciones directas, la patronal también obtuvo un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas para sufragar la construcción del centro. El Servef considera que esto es motivo suficiente para reclamar la devolución de la totalidad de las ayudas, los citados 1,9 millones de euros. En la causa penal, sin embargo, ni se llegó a analizar el fondo del asunto porque el juez consideró que los hechos habían prescrito al haber transcurrido más de diez años desde la firma del préstamo.
Subsidiariamente, es decir, con independencia de lo anterior, el Servef también considera que la patronal debería devolver al menos 812.000 euros por no haber cumplido con las condiciones para la concesión de las ayudas, que exigían mantener la actividad formativa del centro durante un mínimo de 10 años cuando, según la Administración, no se habrían impartido cursos desde 2012.
Todas las opciones abiertas
Por su parte, la patronal rechaza de plano la incompatibilidad ya que entiende que el préstamo del IVF no puede considerarse como una ayuda y asegura que nunca se ha cambiado la finalidad del centro, por lo que considera que no se han incumplido las condiciones que puso el Servef para dar las subvenciones. Aunque Coepa se muestra confiada de que los tribunales le darán la razón, no quiere descartar ninguna opción por lo que sus servicios jurídicos -el bufete de Garrigues- también analiza si podría argumentar la prescripción en alguno o ambos supuestos en los que se basa el expediente del Servef.
En cualquier caso, uno de los riesgos que corre la patronal es que el Servef decida ejecutar por vía de apremio la reclamación, sin esperar a que resolviera el juzgado de lo contencioso-administrativo, lo que podría obligar a adelantar o avalar el dinero. Desde Coepa, sin embargo, minimizan el posible impacto porque la reclamación del Consell ya se incluyó en el concurso de acreedores como crédito contingente, lo que supone que estaría afectado por la quita del 95% que se aplicó al resto de la deuda ordinaria de la patronal. Además, en este caso, al haberse materializado con posterioridad, se colocaría en última posición para cobrar.
Compensación con Cierval
Pero no todo son malas noticias para Coepa. La patronal alicantina podría ahorrarse el pago de 34.000 euros que debía abonar este mes de junio a Cierval, en cumplimiento del convenio que suscribió para superar la situación concursal. Esto se debe a que la autonómica debería a su vez a Coepa alrededor de 50.000 euros por una compensación de ayudas de la Generalitat que habría aflorado tras la firma del convenio. Así, la organización alicantina ha propuesto a la junta liquidadora de Cierval una compensación de deudas.
Por otra parte, Coepa sigue a la espera de que el Instituto Valenciano de Finanzas acepte la titularidad del centro de oficios en pago por la hipoteca del edificio.
