El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el organismo del Ministerio de Economía encargado de supervisar el trabajo de las auditoras, ha multado a KPMG con 2,4 millones de euros por incumplir el principio de independencia en la auditoría de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en el año 2010. Igualmente, ha sancionado a PwC con 337.000 euros por infringir las normas en la auditoría realizada a Mercasevilla de las cuentas de 2008.

Fuentes oficiales de KPMG recalcaron a este diario que «se trata de una sanción administrativa por aspectos formales de procedimiento» que, en ningún caso, «ponen en cuestión la fiabilidad de las cuentas» de la entidad alicantina, que tuvo que ser intervenida en julio de 2011. Desde la compañía aseguran que «el supervisor no ha tenido en consideración las pruebas facilitadas que demuestran que no existía falta de independencia» por lo que han decidido recurrir la multa ante el Tribunal Económico Administrativo y se muestran convencidos de que la Justicia les dará la razón.

Según las fuentes consultadas, el origen de la sanción estaría en la directriz que el Banco de España remitió en el año 2010 a todas las entidades para que calcularan las pérdidas que esperaban en sus carteras crediticias, en un intento por conocer la situación real de cada una de ellas. Entonces, muchos bancos y cajas encargaron a sus auditoras que evaluaran la metodología que iban a emplear para dicho cálculo pero, según el ICAC, esta tarea debería haberla realizado una tercera empresa para no comprometer la independencia de las auditorías posteriores, un criterio que no comparte KPMG, por lo que ha recurrido la multa.

Por su parte fuentes de PwC consultadas por la agencia Europa Press indicaron que la multa, que fue impuesta hace cuatro años y que se hizo firme en abril de 2016, fue recurrida por la compañía ante el propio ICAC y ya fue abonada.

Estas sanciones se suman a las que acaba de imponer el organismo de Economía a Deloitte por importe de un millón de euros por su auditoría de las cuentas de 2011 de Banco Santander y a PwC por su trabajo de auditoría en IBM de 2011.

Hasta la fecha, la sanción más elevada impuesta por el ICAC ha sido a Deloitte por la auditoría de Bankia, por 12 millones de euros, que finalmente se rebajó a diez millones. Se trata de actuaciones resultantes desde que en el año 2013 el Ministerio de Economía ordenara al ICAC revisar las auditorías de todas las entidades nacionalizadas o intervenidas durante la crisis.