El juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha archivado la querella por un presunto fraude en subvenciones y el supuesto desvío de dos millones de euros al considerar prescritos los hechos. Así lo ha comunicado la juez esta tarde a las partes después de que el Fiscal también informara en contra de seguir con las diligencias. Eso sí, la decisión todavía no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
En cualquier caso, el sobreseimiento de la causa supone un respiro para la patronal alicantina, que acaba de salir del concurso de acreedores pero todavía tiene muy complicada su subsistencia por los pagos del plan de viabilidad que debe cumplir.
La anterior directora del Servef, María José Mira, decidió denunciar a Coepa en el juzgado al considerar que la organización empresarial había cometido un fraude de subvenciones al recibir dos ayudas públicas -las subvenciones del propio Servef y un crédito del IVF- con la misma finalidad, lo que prohíbe la ley. Además, señalaba que la suma de todo el dinero público recibido, unos 6,8 millones, superaba en dos millones a la cantidad justificada mediante las facturas aportadas por la patronal. El Servef advertía, además, que se habían utilizado las mismas facturas para justificar la disposición de fondos del préstamos del IVF y la recepción de las subvenciones. Por ello también acusaba a la patronal de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
La patronal, por su parte, representada por el bufete de Garrigues, siempre defendió que todo era legal ya que consideraba que el préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas no podía considerarse una subvención y señaló también que no se duplicó ninguna factura, sino que se emplearon las mismas para dos procedimientos administrativos distintos, sin infringir ninguna normativa. Igualmente negó el desvío de dinero y aseguró que la discrepancia observada por el Servef se debía a que sólo se presentaron a la administración las facturas de una de las empresas que participaron en la construcción del centro pero que el conjunto de todos los trabajos sí asciende a los 6,8 millones recibidos.
En cualquier, la juez no llega a entrar en el fondo del asunto y se limita a declarar el archivo de la causa por prescripción de los hechos debido a que la denuncia del Servef se presentó el 4 de agosto de 2016, cuando ya habían transcurrido más de diez años de la firma del crédito -suscrito el 2 de junio de 2006- y más de cinco años después de haber recibido la última subvención, el 15 de noviembre de 2010.
Igualmente, el juzgado rechaza la acusación de que la declaración de concurso por parte de Coepa pudiera constituir un delito de "frustración de la ejecucióny/o insolvencia punible" con el objetivo de no devolver el citado crédito, como también apuntaba el Servef.
Se trata de una de las últimas decisiones de la magistrada Ana Hoyos, que en los próximos días dejará su destino para incorporarse a la Audiencia Provincial de Alicante, en la plaza que dejó vacante el anterior presidente Vicente Magro.
El sobreseimiento no despeja por completo el futuro de Coepa, que todavía tiene pendiente un expediente administrativo en el que el Servef le reclama hasta 1,9 millones de estas subvenciones por no cumplir con las condiciones para su concesión.
