El Gobierno ha aprobado una nueva prórroga de un año del Programa de Activación para el Empleo (PAE), que supone una ayuda de 426 euros al mes para desempleados de larga duración con cargas familiares, y ha flexibilizado los requisitos de acceso para ampliar su alcance. Los sindicatos, pese a valorar estas modificaciones -que han sido objeto de debate en la mesa de diálogo social- advierten de que la rebaja de los criterios resulta «insuficiente». Y más en una provincia como Alicante con una elevada tasa de paro (19,77%), y donde todavía 89.619 desempleados no cobran ayuda alguna, según denunciaba Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina.
Fundamentalmente, las modificaciones se sustentan en la ampliación del acceso a la ayuda de los desempleados que hayan agotado las prestaciones contributiva y un subsidio y no sólo los que perciben la Renta Activa de Inserción (RAI), la ayuda del plan Prepara o el Prodi. Además, reducen los plazos de espera para solicitar esta prestación de 426 euros de seis meses a uno.
En la provincia, además de los 89.619 desocupados sin prestación, que suponen el 53,7% del total de alicantinos sin trabajo, también hay 48.139 que perciben las denominadas ayudas asistenciales, por lo que unos 137.758 parados de la provincia podrían ser potenciales beneficiarios del PAE.
Sin embargo, de este total las estadísticas del paro no detallan los que tienen cargas familiares, por lo que la cifra sería sólo orientativa, subraya UGT. Este sindicato, al igual que CC OO apoyan medidas que amplíen la cobertura a los parados. Pero recuerdan que en la mesa de diálogo social los representantes sindicales incidieron en la necesidad de eliminar el criterio de cargas familiares para ser beneficiario de la ayuda.
Los sindicatos consideran que la persona parada sin cargas familiares tiene derecho a la prestación «porque también ha contribuido al sistema y cotizado durante el tiempo que ha estado activa, al igual que el que tiene cargas familiares», incidía Yaissel Sánchez. Otro dato que ponen sobre la mesa las centrales sindicales para evidenciar las restricciones del programa PAE es que en la provincia, el pasado mes de marzo sólo 1.348 desempleados estaban cobrando esta ayuda, que se percibe por un periodo de seis meses improrrogables.
Ley de protección a los parados
En la provincia, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, más de 77.600 desocupados llevan más de dos años sin empleo. UGT considera que para acabar con las deficiencias que viene mostrando este plan «es necesario que exista una ley que proteja los derechos de los parados, que han contribuido con sus impuestos y cotizaciones mientras estaban activos. Además de que sería conveniente que se fijara una prestación mínima de ingresos para los desempleados para que puedan llevar una vida digna y no estar abocados a la pobreza, como sucede ahora», añadía la dirigente ugetista. Por su parte, la líder de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, subrayaba otras reivindicaciones que los sindicatos han puesto sobre la mesa del diálogo social para incluirlas en esta prórroga, pero que el Gobierno no ha tenido en cuenta. «Y, sin embargo, podrían permitir acceder al programa a más personas», advertía.
Propuestas rechazadas
Además de suprimir el requisito de tener cargas familiares, CC OO y UGT pedían la «posibilidad de compatibilizar la percepción de la ayuda del PAE con las rentas y ayudas procedentes de comunidades autónomas y administraciones públicas, así como poder solicitar nuevamente el programa en caso de no haber podido incorporarse al mercado de trabajo, con el fin de poder hacer itinerarios de inserción más completos», subrayaba la dirigente de CC OO. Consuelo Navarro insiste en que la prórroga del PAE era «necesaria», aunque las modificaciones resultan «insuficientes, ya que no van a tener el impacto deseado, al no haberse aceptado todas las propuestas planteadas por los sindicatos para poder considerar este programa como una pieza importante del tan necesario Plan de Choque por el Empleo».
