Los seis exconsejeros de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que fueron designados por Coepa deberán afrontar con su propio patrimonio las sanciones impuestas por el Banco de España por haber permitido que la entidad incumpliera con los requerimientos mínimos de solvencia que marca la ley. Así lo reconoció ayer este diario el presidente de la patronal alicantina, Francisco Gómez, quien recordó que el propio supervisor ya determinó en su expediente que la responsabilidad de estos consejeros era «personal» y que los órganos de gobierno de la confederación empresarial tampoco han adoptado ningún acuerdo para asumir voluntariamente estas cantidades, como sí hizo en su día, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Alicante al considerar que ejercían su labor en representación de la institución.

«Tienen todo nuestro apoyo y vamos a ayudarles en todo lo posible pero es que, ni aunque quisiéramos, podríamos pagar porque no tenemos recursos», apuntó Gómez, que recordó que la patronal aún se encuentra sometida a la disciplina del convenio aprobado por sus acreedores para salir del concurso. Como ayer publicó este diario, el Banco de España ha hecho firmes las sanciones administrativas impuestas contra 37 exconsejeros de la SGR por incumplir la normativa financiera. De ellos, una decena son alicantinos y seis fueron designados a propuesta de Coepa.

Hasta 55.000 euros

En todos los casos, los afectados ya recurrieron en su día ante la Audiencia Nacional y están a la espera de sentencia, por lo que solicitarán, previsiblemente, una suspensión de la sanción del Banco de España hasta que los tribunales se pronuncien. Lo que no tiene claro ninguno de los consultados es si Hacienda les exigirá avalar las cantidades para aprobar la suspensión. En el caso de los designados por Coepa, las sanciones impuestas son de 55.000 euros para el empresario del calzado Antonio Medina; de 50.000 euros para el exsecretario general de Coepa, Javier López Mora, y el empresario Eduardo López; otros 40.000, en el caso de José María García Quijada, y de 20.000 euros para Antonio Alonso y Andrés Martínez.

Tanto López Mora, como Antonio Alonso o Andrés Martínez, con los que pudo contactar este diario, recalcaron que desempeñaron su papel de consejeros de la SGR como representantes de Coepa y que, por tanto, es ésta la que debería asumir las consecuencias. En cualquier caso, confían en que los tribunales les acaben exonerando y no tengan que reclamar el dinero a la patronal, ya que señalan que fue la Generalitat del PP la que incumplió con su obligación de recapitalizar la SGR a su debido tiempo. También recuerdan que no recibieron ni un sólo euro por su tarea.

Además de los citados, también están sancionados el secretario de la Cámara de Comercio, Andrés Sevila, el empresario Vicente Pérez Farach y el exdirector territorial de la CAM Agustín Llorca. La SGR se dedica a conceder avales a empresas que tienen dificultades para conseguir financiación para que puedan acceder al crédito.