Cuando el 9 de mayo de 2006 la Policía irrumpió en las sedes de Fórum y Afinsa por orden de la Audiencia Nacional, Benito González no podía dar crédito a lo que veía en los medios. Llevaba más de ocho años invirtiendo sus ahorros en sendos planes de jubilación para él y su mujer en la última de estas compañías, cerca de 54.000 euros, y nunca había tenido el más mínimo problema para retirar el dinero o cobrar los intereses. Nada le había hecho sospechar que aquellas empresas, capaces de patrocinar a equipos de baloncesto de primera división y que contaban con el Rey como invitado en los actos que organizaban, eran, en realidad, la mayor estafa piramidal conocida en la historia de España y que los sellos que, supuestamente, garantizaban sus inversiones nunca tuvieron el valor que les aseguraron.
Pero, sobre todo, ni Benito ni ninguno de los casi 460.000 afectados de toda España imaginaron nunca que 11 años después seguirían peleando por recuperar su dinero y que los máximos responsables de su calvario seguirían en la calle. Los de Afinsa, a la espera de que el Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 11 de sus dirigentes a penas de hasta 13 años, y los del Fórum, todavía pendientes de juicio.
«Hay mucha gente que se ha muerto esperando una solución. Había muchas personas mayores entre los ahorradores. Es una vergüenza», insiste el jubilado alicantino. Los que aún mantienen las fuerzas para protestar acudirán el próximo sábado a Madrid, para participar en la manifestación con la que cada año recuerdan la fecha de la fatídica intervención y para denunciar el «abandono» en el que se sienten, según explica Jesús Soto, uno de los responsables de Caffae, la asociación que agrupa a los afectados de Elche, donde más de 8.000 personas llegaron a invertir en los sellos que Fórum y Afinsa vendían como un valor seguro.
«¿Qué justicia van a hacer ahora, después de 11 años? ¿Cómo van a encontrarles algo con lo que pagarnos después de tanto tiempo?», se pregunta Soto, sobre el juicio pendiente contra los máximos responsables del Fórum y la más que probable condena a indemnizar a los afectados. «Si hubieran hecho como en Estados Unidos, donde cogieron a Madoff y lo juzgaron en seis meses... Pero de esta forma es imposible», insiste, exasperado por la lentitud de los tribunales españoles, como el resto de afectados.
En su caso fue un amigo el que le recomendó invertir en Fórum. «Daban un punto y medio más que en el banco y le pregunté al director de la sucursal, que no me dijo nada malo. Al contrario, me comentó que varios familiares suyos también estaban metidos», según recuerda. Fue en 2005, apenas unos meses antes de la intervención, con la que se esfumaron los 24.000 euros que tenía ahorrados. Las sucesivas ventas de bienes que han ido realizando los administradores concursales de la sociedad le han permitido recuperar ya un 20,5% del capital, pero será muy difícil que la cifra final llegue a cubrir ni la mitad del total que invirtió.
El informe de la administración concursal valoró en 1.158 millones los activos reales de la empresas frente a unos pasivos reconocidos de 3.758 millones pero la crisis también ha hecho mella en estas cifras y a principios de año el juzgado volvía a rebajar el valor de los sellos. El valor mínimo que fijó para su subasta fue de sólo dos millones, lo que indignó a los ahorradores.
Por eso, los propios afectados tienen claro que la única forma de que les devuelvan todo el dinero -o una parte significativa- es conseguir una solución «política», que se sienten legitimados para exigir por la inacción del Gobierno para proteger sus derechos. «Fórum estuvo funcionando durante 27 años y no fueron capaces de detectar nada. No eran empresas que se escondieran, precisamente, estaban todos los días en los medios, ¿no tenían que habernos protegido?», insiste Jesus Soto. Otros, como Manuel Maciá, directamente ven la mano negra de la banca detrás de la intervención. «Era una competencia para ellos», asegura este gallego afincado en Elche, que llegó a destinar más de 40.000 euros a esta inversión.
Además de José Luis Rodríguez Zapatero, máximo responsable del Gobierno en el momento de la intervención, los afectados están especialmente dolidos con el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que llegó a remitirles a las principales asociaciones que los agrupa comprometiéndose a buscar una solución. Claro está, lo hizo cuando era el jefe de la oposición y lo olvidó cuando llegó a La Moncloa.
«Todavía recuerdo la primera manifestación. Se me cayó el alma a los pies cuando vi a señores de 80 años llorando desconsolados. Eso es lo que me anima a seguir luchando después de 11 años», asegura Maciá.
Al Parlamento Europeo
Desde Caffae están convencidos de que en este caso se han vulnerado derechos fundamentales, hasta el punto de que han decidido cambiar de estrategia y planean llevar sus reivindicaciones al Parlamento Europeo para denunciar su situación. Aún no tienen claro cómo lo harán pero no ven más alternativa ante la situación en España, donde sólo les queda la opción de protestar. La próxima semana saldrán de Elche dos autobuses con rumbo a la manifestación de Madrid.
