En plena Semana Santa, los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso siguen pendientes de aprobación y mientras el Gobierno busca los apoyos necesarios, se escuchan los quejíos de las comunidades, provincias y municipios, que se consideran mal tratados, mezclados con las saetas de los fieles a las imágenes que en procesión desfilan por las calles.
Los Presupuestos no gustan a nadie, salvo a los del PP. Padecen del mal de altura: porque altos son los gastos presupuestados en materias que deberían haberse reducido, como los destinados a cargos sin oficio ni beneficio en las Administraciones, como altos son, los ingresos que se pretende recaudar en concepto de impuestos, pese a que la economía siga comportándose bien, porque salvo que se obre el milagro de la conversión de los contribuyentes infieles, la fiscalidad sobre el trabajo está demasiado agotada -lo acaba de informar la OCDE- y superamos la media de los países ricos, lo que exige poner el punto de mira en fuentes diferentes y eso no es fácil a corto plazo.
En materia fiscal, los políticos deberían tener en cuenta ciertos hechos que, como las verdades del barquero, ayudarían a no cometer tantos errores en la exigencia de los impuestos y mejorarían las relaciones en un ámbito que a todos resulta tan poco grato. Veamos algunas de ellas.
-Un país sin impuestos es una utopía porque se necesitan los servicios sanitarios, educativos, policiales, carreteras, etc. Luego, los impuestos son un mal necesario.
-No pueden establecerse, sin embargo, de modo arbitrario e incoherente, sino formando un sistema que responda a los principios legales recogidos en la Constitución y en las normas reguladoras de la actividad tributaria.
-Todos deben de pagar impuestos si se pone de manifiesto una capacidad económica. Las excepciones deben de ser mínimas y muy justificadas.
Dicho esto, hay que reconocer que:
-En nuestro sistema fiscal, concurren demasiados impuestos, desordenados y con más ánimo de recaudar que el de impartir justicia en su exigencia.
-No siempre se ciñen a la verdadera capacidad económica del contribuyente y su cuantía depende más de la diversidad e irregularidad de las mediciones de las rentas, el consumo y el patrimonio, cuanto del ámbito territorial en el que se exigen: las diferentes comunidades o municipios.
-Los impuestos altos favorecen el fraude, y también los cambios continuos en la normativa, pero nuestros legisladores no descansan.
-En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la arbitrariedad en la aprobación de nuevos impuestos, a cada cual más extravagante, como en la fijación de los tipos de gravamen para los impuestos de Sucesiones y Donaciones y el Patrimonio, hacen de la fiscalidad autonómica un auténtico Reino de Taifas.
-La diferencia de la presión fiscal, según la residencia, es tal que ni los más fervientes defensores de la autonomía creen ya en el cumplimiento del principio de igualdad recogido en nuestra Constitución.
-Se produce en exceso la doble imposición, incluso la sobreimposición sobre un mismo hecho imponible, lo que supone un atentado a la neutralidad impositiva.
-La exigencia de impuestos no debe de ser postergada, especialmente en situaciones de crisis, que es cuando más se necesita recaudar.
-El dicho de que «no defrauda quien quiere sino quien puede» se cumple ante la diversidad de las categorías de rentas y patrimonios, lo que no deja de ser un serio hándicap para los más modestos, cuyas rentas provienen del trabajo, un factor bastante controlado.
-Se sabe, también, que «quienes más defraudan son los que más deben de pagar», por lo que los servicios de comprobación e inspección deberían de dirigirse, preferentemente, a los más pudientes, en vez de hacia los más controlados.
-La excesiva presión fiscal sobre el trabajo y los salarios lleva a la destrucción del empleo y a incentivar la economía sumergida.
-No ayuda a la percepción de justicia tributaria el excesivo número de exenciones, beneficios fiscales, deducciones y prebendas que actúan como agujeros negros sobre el Tesoro Público.
-El engaño al fisco es un robo a los ciudadanos. La moralidad fiscal debería ser objeto de enseñanza desde la infancia, para acabar con la laxitud de la conciencia fiscal que lleva a casi el 50% de los españoles a frivolizar sobre sus consecuencias.
-Favorece la aceptación de los impuestos que la administración de los ingresos obtenidos con su exigencia sea ejemplar.
-Las amnistías fiscales son un agravio y una discriminación contra los honrados contribuyentes fomentando el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Sobre ellas debería aprobarse como pacto de Estado el «Nunca Más».
-Cuanto mayor es la probabilidad de no ser objeto de inspección mayor es la propensión a la defraudación, por lo que mejorar los medios materiales y humanos de gestión tributaria es, en todo caso, un gasto productivo.
-La prescripción del fraude fiscal debería alargarse en el tiempo para evitar la impunidad, especialmente en la comisión del delito fiscal.
-Sobre los gobernantes y políticos, no deben de aplicarse tratos especiales y, en general, deben ser ejemplares en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En caso contrario, deberían de ser inhabilitados por vida.
Y así podríamos seguir, pero estando en Domingo de Resurrección, mejor será levantar las campanas al vuelo y confiar en que, lo recordado y dicho, no sea como predicar en el desierto.
