Las entidades agrarias Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunidad Valenciana, la Unió de Llauradors i Ramaders, AVA-Asaja y FEPAC cifraron ayer en 131 millones de euros las pérdidas para los agricultores en la campaña citrícola 2016-2017, por lo que reclamaron medidas a las administraciones públicas que garanticen «la pervivencia» del sector.

En un comunicado, las entidades agrarias detallaron que a nivel de exportación y, de acuerdo con el informe de Comercio Exterior de Cítricos de la Comunidad de la Secretaría de Estado de Comercio, a finales de enero de este año, las exportaciones cayeron respecto a la campaña anterior un % en volumen y un 5% en valor, «cifra muy significativa teniendo en cuenta que el aforo citrícola de la Comunidad indica que la producción de la campaña será un 23% más que la anterior».

Mandarinas

Esta situación es «especialmente grave» para los productores de mandarinas, ya que acumulan descensos del 1% en volumen y del 9% en valor de la producción exportada.

Denunciaron que el cultivo de cítricos en la autonomía se ve amenazado por «la falta de relevo generacional, el descenso continuado de las rentas de los productores, la ausencia de reciprocidad en las condiciones de acceso a los mercados comunitarios en comparación con los productos procedentes de terceros países, o las amenazas fitosanitarias, en forma de plagas y enfermedades, que acechan por la laxitud de los controles fitosanitarios realizados en frontera en algunos Estados de la UniónEuropea».

Por ello y para hacer frente a este «panorama desolador», el sector agrario exigió a las administraciones públicas la adopción de medidas que fomenten la competitividad de la citricultura valenciana, el relevo generacional, el refuerzo de los productores en la cadena alimentaria o al establecimiento de mecanismos que protejan las rentas que perciben los agricultores.

Asimismo, las organizaciones agrarias defendieron la exigencia a Bruselas de «reciprocidad a las exportaciones procedentes de terceros países para acceder a los mercados comunitarios», y «mayor protección fitosanitaria para las producciones citrícolas comunitarias en general y valencianas en particular».