La directora general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Conselleria de Economía, Cristina Moreno, apostó ayer en las Cortes Valencianas por desarrollar un programa integral para luchar contra la «lacra» que supone la economía sumergida. Un plan que incluya «medidas punitivas, junto con medidas de apoyo para salir a la superficie (lo que se suele decir, la política del palo y la zanahoria)» con el fin de potenciar la eficacia del programa, según expuso Moreno en su comparecencia ante la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas, a petición del grupo socialista.
La directora general puso de relieve los últimos datos publicados por el colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha), que situaban en el 27% del PIB la cifra de la economía sumergida en la Comunidad y cerca del 28%, en el caso de Alicante. Unos niveles que en ambos casos superan la estimación que se concedía al contexto estatal, que era del 24%.
Para Moreno, son cifras «importantes, porque hablar de economía sumergida es hablar de dinero perdido». Pero que no sólo pierden la Seguridad Social o Hacienda, «sino que es dinero que perdemos todos, la sociedad en su conjunto». Si la economía irregular en la autonomía alcanza el 27%, eso supondría «que estamos hablando de unos 30.000 millones "ajenos" al sistema». Por eso considera necesario un plan integral con medidas que «se complementen e interactúen» y que enmarca en lo que denominó «política del palo y la zanahoria».
Porque, entre otras cosas, advirtió de que la Comunidad y ,en concreto, Alicante suelen «encabezar el ranking de economía sumergida». Además, subrayó que durante la crisis se ha detectado que el fraude laboral se ha extendido entre los sectores. Si tradicionalmente, las manufacturas, como el textil, calzado o juguete, en Alicante, registraban mayores índices de economía irregular, «la crisis ha producido un cambio y la tendencia ha variado. Ahora hay más sectores con importante nichos de economía sumergida, como el turístico, la construcción o el transporte».
Moreno explicó que cada año, en colaboración con la Inspección de Trabajo, se planifican las acciones encaminadas a combatir el fraude laboral, en este caso, con actuaciones en el ámbito de la Seguridad Social, centradas en la contratación irregular. El pasado año la Inspección de Trabajo realizó 23.316 visitas a empresas de la Comunidad, de las que 3.480 se realizaron en horario especial, nocturno o en festivos. Estas actuaciones aumentan, ya que suponen un 15% sobre el total, frente al 10% del año anterior. Y concretamente, en materia de economía irregular se realizaron 16.084 acciones, de las que 1.935 se concretaron en el sector de la hostelería y 1.414, en el de la construcción.
Más de 10.000 casos aflorados
El mismo balance refleja que en lo que se refiere a altas a la Seguridad Social, perceptores de prestaciones por desempleo o extranjeros en situación laboral irregular, se afloraron10.758 casos. Y en cuanto a expedientes liquidatorios de la Seguridad Social por las irregularidades detectadas, se liquidaron cuotas por un valor total de más de 105 millones. Asimismo, la directora general incidió en que respecto a 2015, el pasado año se registró un aumento del 31,5% en la conversión de contratos de duración determinada a indefinidos. Fueron 6.828 los transformados a requerimiento de la Inspección. Y, por otra parte, los expedientes que, finalmente, fueron remitidos al Ministerio fiscal en casos de fraude laboral fueron 105 en la Comunidad, de los que 56 procedían en Castellón, 39 de Alicante y 10 de Valencia. Otros aspectos en los que se incidió fueron los casos de cesiones ilegales de trabajadores, ya sea en el sector agrícola o en el hotelero (en las labores de camareras de piso), o en las jornadas de trabajo que superan el horario previsto en la contratación a tiempo parcial, en el caso de la hostelería.
