Los barridos aéreos municipio a municipio que la dirección general del Catastro decidió poner en marcha para detectar construcciones ilegales están dando unos resultados más que notables. En apenas dos años, las fotografías tomadas han permitido aflorar en la provincia más de 39.000 irregularidades urbanísticas de todo tipo y eso a pesar de que, de momento, apenas se ha finalizado el escrutinio de un tercio de las poblaciones de la zona y entre las que todavía siguen pendientes se encuentran algunas tan significativas como Elche, Orihuela o Torrevieja.
Fue en el año 2012 cuando el Ministerio de Hacienda aprobó la puesta en marcha de un procedimiento de detección y regularización masiva de edificaciones no declaradas, dentro de un paquete de medidas para mejorar las finanzas de los ayuntamientos y que también incluyó una subida de los tipos del IBI. La idea era que, al aumentar el número de edificaciones registradas o las dimensiones de las existentes -al regularizar, por ejemplo, los cerramientos de terrazas o los anexos en los chalets-, también aumentaría la base de este tributo y crecería la recaudación.
Para ello se apostó por peinar uno a uno todos los municipios con avionetas y drones de una forma mucho más exhaustiva de la que se venía realizando hasta la fecha -el Catastro ya lleva años utilizando la fotografía aérea para detectar a los infractores pero nunca de una forma tan sistematizada- con el objetivo de sacar a la luz cualquier alteración sobre lo que había declarado. Una vez detectada la anomalía, se advierte a los propietarios de la necesidad de inscribir los cambios y se les permite que lo hagan sin pagar ninguna sanción, con el simple abono de una tasa de 60 euros, ya que el objetivo es actualizar la información y ampliar la base del IBI, como ya se ha dicho. Otra cosa son las multas que puedan llegar luego del correspondiente Ayuntamiento o de la Generalitat, si no se habían solicitado las correspondientes licencias para realizar las obras.
El balance
El Catastro selecciona cada año los municipios donde se realiza el proceso, con la intención de que se haya cubierto la totalidad de poblaciones al finalizar 2017. De momento, en el caso de Alicante ya se conocen los resultados de 58 de los 141 municipios de la provincia, en los que esta revisión masiva finalizó antes del 1 de enero de 2016. En total, en estos municipios se consiguió aflorar 39.062 construcciones ilegales, de las una cuarta parte se correspondían con inmuebles que no habían sido declarados de ninguna forma; otro 30% eran ampliaciones o rehabilitaciones de viviendas que no se habían regularizado; y otro 32% eran reformas o cambios de uso que tampoco estaban legalizados.
A todo ello hay que sumar las casi 3.900 piscinas ilegales que también se detectaron gracias a estas fotografías aéreas, que supusieron cerca de otro 10% del total de irregularidades afloradas en el citado periodo.
De los municipios donde se ha completado la revisión destaca la ciudad de Alicante, donde el número de regularizaciones alcanza las 7.181, según el citado balance. En este caso lo que más abunda son las ampliaciones de viviendas sin registrar. En segundo lugar se sitúa Teulada, donde se han localizado 4.176 irregularidades, una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que el número total de inmuebles de la población es de 21.401. Casi un tercio corresponden a piscinas que no estaban inscritas, lo que evitaba a sus propietarios pagar IBI por las mismas.
También en la zona de las Marinas, en Dénia se han aflorado 3.060 construcciones; en Benitatxell otras 1.578; en Calp alrededor de 1.500; y otro millar en Pedreguer. Por el contrario, sorprende la baja cifra de regularizaciones de Benidorm, donde las avionetas sólo han cazado 615 infracciones. Sin duda, el modelo de arquitectura vertical de la ciudad contribuye a que todo esté más controlado.
En la zona de la Vega Baja, a falta de Orihuela y Torrevieja -donde la regularización finalizó el año pasado pero Hacienda aún no ha contabilizado los resultados-, sobresalen las cifras de Pilar de la Horadada, con 913 irregularidades detectadas; o Redován, con 894. De la zona de la Muntanya destaca Cocentaina, con 1.320 construcciones afloradas; y Muro, con 728. Mientras, en el Vinalopó el caso más llamativo es el de Monforte, con 1.363 infracciones sobre un parque total de 11.311 inmuebles.
Otras provincias
En cuanto al resto de provincias, hasta la fecha es Málaga la que encabeza la clasificación, con 56.123 inmuebles aflorados. Le siguen Sevilla, con 52.454 regularizaciones; Lugo, con 49.926; y Valencia, con 49.234. En Barcelona han sido 48.984 y e Madrid 32.976. El procedimiento de regularización no se ha puesto en marcha ni en el País Vasco ni en Navarra, que tienen regímenes forales.
