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Caos financiero

Caos financiero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de muchos años sin enfrentarse al problema catalán, se ha deshecho en Barcelona ofreciendo el oro y el moro, a través de un plan de inversiones que bien las quisiera para sí cualquier otra Comunidad, y no digamos la Valenciana.

El cálido acercamiento al hijo pródigo, ha dejado boquiabiertos a todos los políticos de ésta y otras Comunidades, especialmente a las maltratadas, en favor de la que va de sobrada, plañidera e independentista, y que, para mayor ofensa, ha recibido la noticia de la lluvia de millones con desprecio, como si de un canto de sirenas se tratara.

La cohesión de todos los partidos de esta Comunidad para quejarse ante las arbitrariedades del Gobierno central, debió adoptarse hace ya muchos años, pero, lamentablemente, los políticos del PP, durante más de dos décadas en el poder, se enfrascaron en fastos innecesarios, gastos y corruptelas, más que en defender los derechos del pueblo que gobernaban y que nos ha conducido indefectiblemente al caos financiero.

Más de lo mismo

Mientras Rajoy tiraba de chequera en Cataluña, el Gobierno anunciaba su oferta de empleo público, por la que sacará 67.000 plazas fijas para el 90% de los interinos, algo que molesta a quienes piensan que debería reducirse el tamaño de la administración pública. A su vez, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sumergido en el dolce far niente desde el año 2014 en que debió modificar el modelo de financiación autonómica, ha apuntado la posibilidad de hacer quitas de las deudas de ciertas Comunidades, aprovechando el marco de la próxima reforma, puesto que, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores, se llevan inyectados 175.000 millones de euros, el 18% del PIB a las Comunidades.

Su objetivo es que las Autonomías retornen a los mercados financieros, sometiéndose a sus condiciones, en un ejercicio de corresponsabilidad fiscal y de responsabilidad financiera, porque, en cuanto a gastar saben más de la cuenta, pero administrar, lo que se dice administrar bien, lo hacen muy pocas. No obstante, antes de tomar la decisión quiere conocer el criterio del grupo de expertos nombrado para proponer el nuevo modelo de financiación. En todo caso, supondrán nuevas cargas para el Gobierno central en favor de las Comunidades maltratadas por el actual modelo y no a cargo de las beneficiadas históricamente: las Comunidades de régimen foral, País Vasco y Navarra, que nadan en la abundancia en términos comparativos y pasan del principio de solidaridad.

Alarmante deuda

Ante el crecimiento del gasto que supondrá para el Gobierno central, se desatan las alarmas, sabiendo que el importe de la deuda nacional, que en el año 2006 ascendía a 392.168 millones de euros (el 42,3% del PIB), casi se ha triplicado al superar en el 2016 el billón de euros, más del 100% del PIB, y ello, pese a que el artículo 126 del Tratado de la Unión Europea establece, para los Estados Miembros, que su deuda no supere el 60%, claro que tampoco su déficit debe de superar el 3%, lo que tampoco cumplimos.

Tan preocupante indicador no se alcanzaba desde 1909, y menos aún, cuando la economía española está creciendo, pero menos de lo que lo hace el elevado endeudamiento que ha originado esta crisis de deuda. Y no es que el Gobierno desconozca el peligro, porque desde que comenzó la crisis, no se ha cansado de ordenar ajustes de cinturón y contenciones al endeudamiento, aunque ellos no se han aplicado en hacer sus deberes, como puede verse.

La epidemia deudora que impera en la Administración central y en las autonómicas, también se extiende a la Seguridad Social, que desde el 2011 entró en déficit, y ya, al término del 2016, su agujero financiero se aproxima a los 18.500 millones, según informó la ministra de Fomento, Fátima Bañez, pese a que lleva dos años subiendo la afiliación en torno al 3% anual; cuantía inferior, no obstante, al crecimiento del gasto, de modo que el déficit acumulado de la Institución, ya supera los 1.000 euros por trabajador.

Seamos serios

Ante la voracidad del gasto, deberían recordar los políticos las palabras de Benjamín Franklin, «es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas» o las de Thomas Fuller «la deuda es la peor de las pobrezas», y ello porque la política de contención ha hecho aguas; precisamente en las zonas que más se debían de controlar. Y mientras la deuda de las familias y de las empresas se ha reducido desde 2015 a los niveles de 2005, la de las administraciones públicas presenta un crecimiento elefantino.

La situación actual es preocupante. Para atender pagos ajenos a su naturaleza, la hucha de las pensiones, que en 2011 ascendía a 66.815 millones de euros ha sido vaciada y apenas alcanza ya para cubrir los pagos propios durante este ejercicio y habrá de ser auxiliada mediante recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

En resumen, estamos ante niveles de endeudamiento muy similares a los vividos a finales del siglo XIX, pero en aquel entonces, la deuda pública se disparó a causa de las guerras de Cuba. Hoy no todo puede achacarse a la crisis sino a que las finanzas están en manos irresponsables que deberían actuar para mejorar ingresos y contener gastos, más aún si se atisba en el horizonte que pronto puede acabar la política de dinero fácil y sin apenas coste, favorecida por el Banco Central Europeo. Nuestra prima de riesgo soberana aumentaría ante la desmadrada dimensión del endeudamiento nacional, y las renovaciones y emisiones de deuda podrían conllevar altos cargos de intereses que agravarían más aún nuestra situación.

Reformas imprescindibles

Una política sensata de contención del gasto por el Estado y las Comunidades Autónomas para evitar el excesivo nivel de déficit y el crecimiento de la deuda se hace necesaria. Hay que lograr que el déficit de la Seguridad Social se reduzca, eliminando las excesivas bonificaciones fiscales a la contratación e incrementando las bases máximas y los tipos de cotización a quienes disfrutan de altas retribuciones para permitir la progresividad del sistema. Se debe contener el despilfarro del Fondo para las Pensiones, cargando a los Presupuestos Generales del Estado las prestaciones a viudas y huérfanos, que no les corresponde.

Y como algunas de estas medidas no dejan de ser traspasos de los compromisos de pago, habría que actuar en torno a otros frentes para mejorar la obtención de ingresos. ¿En un país en el que se dice que la presión fiscal está al límite? Sí, pero mediante la implantación de una fiscalidad más justa y eficiente que actúe en caladeros diferentes a los ya agotados sobre las rentas del trabajo. Allá donde se disfruta de tratos de favor o prebendas que no cabe permitirse. Hay que ser exigente con los convidados de piedra, los que se alimentan, pero no contribuyen al coste del banquete nacional, para impedir caer en la bancarrota, a pesar de que el patrón del barco y la tripulación que lo vitorea, entonan continuas alabanzas a su buen hacer.

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