La fiscalía de Castelló ha presentado el escrito de acusación para que se abra juicio oral en el caso del presunto fraude en los cursos de formación de Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) en el que solicita cuatro años de cárcel al ex secretario general de la patronal provincial, Rafael Montero, y al exdirectivo de la misma, José Antonio Espejo, avanzaron fuentes de la Cierval.

También propone esta pena para otras dos empresarias de centros de formación que también fueron procesadas en el auto que el juez instructor de Nules emitió en julio por un presunto fraude de 1,8 millones en ayudas públicas de planes formativos. Según las mismas fuentes, incluye como responsables subsidiarios a la Cierval y la CEC al ser las receptoras de la financiación para los cursos de formación de la Generalitat pero las exculpa, añadieron, de los hechos que se investigan.El magistrado finalizó en verano la instrucción y emplazó a la fiscalía a presentar su calificación para decidir si abre juicio oral y a las partes implicadas a presentar los recursos que considerasen.

El titular del juzgado de Nules, Jacobo Pin, sostuvo que la investigación «reviste carácter de delito» y sostuvo que facturas que alcanzaban los 1,8 millones de euros vinculadas a las subvenciones de los curso de formación «no responden a ningún trabajo prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagador, la CEC, y los receptores del dinero». Procesó a Montero y Espejo, así como a Elodia Salvador Benedito y Elodia Benedito Salvador, administradoras de los centros de formación de la Vall y Alto Palancia, y a Rufino Martínez, marido de Elodia Salvador y yerno de Elodia Benedito.

La fiscalía ya ha elevado su informe de acusación, según informaron desde el Ministerio Público, y la patronal autonómica ratificó que reclama penas de cárcel para cuatro de los procesados, entre otros, los dos exresponsables de la patronal de Castellón. l juzgado de Nules tiene pendiente resolver un recurso de apelación presentado por la defensa, que ha pedido unas correcciones en las cantidades del presunto fraude expuestas por el magistrado de Nules -hasta 1,8 millones-. La defensa de Montero y Espejo intenta desvincularlos de las empresarias, según el entorno de la misma.