El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Francisco Gómez, aprovechó ayer su discurso ante la asamblea general de esta organización para cargar de nuevo contra el Consell por los cambios que ha introducido en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que, a su juicio, pueden llegar a amenazar la continuidad de algunas de estas firmas. Así, calificó de «ataque directo al tejido productivo de la Comunidad» la modificación legislativa que entró en vigor el pasado 1 de enero y que deja fuera de las deducciones autonómicas la trasmisión de participaciones empresariales de padres a hijos en aquellas firmas que facturen más de 10 millones de euros.

A pesar de que la Generalitat ha insistido en diversas ocasiones en que la modificación apenas tiene efectos prácticos, porque las compañías que superen esta cifra de volumen de negocio pueden seguir aplicándose la deducción estatal, desde Aefa insisten en que la normativa nacional es más dura, lo que supone un agravio comparativo. Además, también recuerdan el informe del Consejo de Economistas que señala que las cantidades que deben abonar las rentas altas por este impuesto se han duplicado tras los cambios, en el caso de las herencias, y cuadruplicado, en el caso de las donaciones, aunque el informe se refiere al conjunto de bienes heredados.

En cualquier caso, Gómez dejó claro ayer el rechazo de los empresarios a la subida. A su juicio, la nueva normativa autonómica «grava la transmisión en vida de las empresas de una generación a otra, eliminando las bonificaciones en el impuesto de donaciones»; además también «profundiza en las asimetrías existentes con otras comunidades autónomas y desincentiva la inversión empresarial». Igualmente alertó de los problemas de tesorería en que pueden incurrir algunas firmas para pagar el impuesto.

El presidente de Aefa también reprobó al Ejecutivo autonómica que hiciera «caso omiso» de sus peticiones antes de aprobar la nueva legislación, cuando los empresarios y trasladaron a diversos consellers su oposición a los cambios. «Su hoja de ruta política ha rechazado cualquier argumento económico», se lamentó Francisco Gómez, que recordó que la asociación ha encargado un estudio para analizar la viabilidad de presentar un recurso ante los tribunales para anular esta subida.

En el apartado de reivindicaciones, el presidente de las empresas familiares alicantinas también denunció la infrafinanciación que la provincia sufre «doblemente, desde Madrid y desde Valencia». Así, afirmó que «la falta de las mismas inversiones que se realizan en otras provincias o la falta de solución a nuestro problema secular de escasez de agua» suponen, a la postre, «que nuestras empresas sean menos competitivas, frente a otras, que si gozan de esos medios». Y recordó que esa falta de competitividad se traduce «en una menor creación de puestos de trabajo, de crecimiento y de productividad».

Por otra parte, durante la asamblea se presentó a las 12 nuevas empresas que pasaron a formar parte de Aefa durante 2016, a las que hay que añadir otras cinco incorporaciones que se han producido en los primeros meses de esta año. En total, la organización ya cuenta con 117 compañías asociadas. También se aprobaron las cuentas de la asociación, que cerró el pasado año con un ligero superávit de 158 euros tras haber ejecutado un presupuesto de 232.636 euros.