Los trabajadores del sector financiero no van a tener demasiado tiempo libre este año. La mayoría -más de un 70%, según los cálculos de CC OO- van a tener que hincar los codos para superar las duras pruebas que han establecido las entidades con el objetivo de acreditar que poseen los suficientes conocimientos para vender a los clientes productos como planes de pensiones o fondos de inversión. Una exigencia de la Unión Europea para evitar que se repitan casos como el de las preferentes y otros productos similares, que se vendieron a ahorradores que no cumplían con el perfil adecuado y que tampoco recibieron una información clara sobre el riesgo que asumían.
Es la denominada directiva MIFID II, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018 y que, en definitiva, pretende aumentar las garantías de los consumidores bancarios y mejorar la forma en que suelen comercializarse los productos en este sector. A priori una buena iniciativa que, sin embargo, trae de cabeza a los trabajadores afectados ante la dureza de los cursos y las pruebas que deben superar, que muchos comparan casi con unas oposiciones.
Tal y como explica José Antonio Guerra, de la Federación de Servicios de CC OO, el problema es que la UE simplemente ha dicho que los empleados deben obtener una acreditación para continuar desempeñando tareas de asesoramiento o de tipo comercial pero ha dejado en manos de las autoridades nacionales el desarrollo concreto de esta normativa. En España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que debería haber fijado ya los criterios sobre qué conocimientos se exigirán pero, hasta la fecha, todavía no se ha pronunciado. «El resultado es que las entidades han querido curarse en salud y han tirado por lo alto, diseñando sus propios cursos con escuelas de negocios privadas, con un nivel de exigencia muy alto, que tampoco se sabe si va a ser necesario», asegura Guerra.
Matemáticas financieras, macroeconomía o el funcionamiento de los mercados internacionales son algunas de las asignaturas que forman parte de la mayoría de ellos. «Estamos hablando de cursos que duran meses, en los que luego hay que aprobar los exámenes que se ponen y que hay que compatibilizar con el trabajo diario y el resto de formación continua sobre otros aspectos, como los de blanqueo de capitales, que también son obligatorios», señala José María Garrido, delegado de UGT. «Está siendo un disparate», insiste también el representante de CC OO, que augura conflictos laborales por esta cuestión.
Mandos intermedios
Tampoco está del todo claro qué trabajadores son los que tendrán esta obligación. En principio serán todos aquellos que tengan un perfil comercial o que ofrezcan servicios de asesoramiento o recomendaciones sobre fondos de inversión, planes de pensiones y similares, lo que excluiría a los empleados que sólo realizan tareas de caja o que son puramente administrativos. Por eso la mayoría de entidades ha empezado por formar a sus cuadros intermedios, como directores de oficina o interventores, para ir ampliando el abanico posteriormente.
En total, según calcula José Antonio Guerra, al final deberán pasar estos exámenes más del 70% de los empleados del sector, que en Alicante ocupa a cerca de 9.000 profesionales. En cualquier caso, la directiva también ha previsto un periodo transitorio para quien no consiga aprobar a la primera, que podrá seguir vendiendo productos durante otros cuatro año, eso sí, bajo la supervisión de otro trabajador que haya logrado la acreditación.
