La estrategia de Ineca de seguir su camino y no involucrarse en la batalla que enfrenta a las patronales de Alicante y Valencia parece dar sus frutos. Mientras los anteriores siguen enredados en sus cuitas internas, el instituto presidido por Perfecto Palacio se anotó ayer un tanto al conseguir que los dos máximos responsables de la política económica de la Generalitat -el conseller de Economía, Rafa Climent, y el de Hacienda, Vicent Soler- se reunieran con cincuenta de sus asociados para explicarles la ejecución de las cuentas públicas y recoger sus opiniones.

Una deferencia por parte de los consellers que, como el propio Palacio se encargó de resaltar, prueba la «capacidad de interlocución con la Generalitat» que Ineca tiene en estos momentos frente a otras organizaciones de la provincia. Una capacidad clave para hacer llegar al ejecutivo los problemas y preocupaciones del empresariado. Eso sí, para evitar susceptibilidades, el empresario dejó claro que sólo representan a sus asociados y que no pretenden sustituir a nadie, en referencia a las distintas organizaciones patronales que existen.

El principal objetivo de Ineca en este encuentro era trasladar a los consellers su preocupación por la «infrafinanciación al cuadrado» que sufre la provincia ya que, a la discriminación que sufre la Comunidad Valenciana por parte del Ejecutivo central, se suma las menores inversiones que realiza el Consell en Alicante. También dejaron claro su disconformidad con el Impuesto de Sucesiones, que calificaron de «injusto» al gravar la transmisión de la vivienda o del negocio familiar.

Ante estas críticas, el titular de Hacienda negó que existiera ningún tipo de discriminación y señaló que las inversiones se producen «allá donde hay problemas», con independencia de la provincia que sea. Así, recordó que, por ejemplo, en materia ferroviaria Alicante acapara el 75% del presupuesto de este año porque era vital mejorar la seguridad de la línea del Tram entre Benidorm y Dénia y poner en marcha el túnel de la Serra Grosa en Alicante. «Nuestro objetivo es que cinco millones de personas vivan bien», insistió el Conseller, que recordó que las infraestructuras suponen, en realidad, un porcentaje muy pequeño del gasto de la Generalitat, que destina la inmensa mayoría de sus recursos a servicios básicos como sanidad o educación. Por ello, señaló, lo que debería medirse es «si las listas de espera son las mismas o si hay el mismo ratio de alumnos por profesor en las aulas».

En cualquier caso, tanto Soler, como Climent se comprometieron a que Ineca pueda fiscalizar la ejecución de los presupuestos del Consell para comprobar que la provincia recibe los fondos que le corresponden, para lo que mantendrán al menos tres reuniones a lo largo del año.

Zona Franca

Por otro lado, el conseller de Economía reiteró ayer que la Generalitat no se involucrará más a fondo en el proyecto para la creación de una zona franca que impulsa la Diputación mientras el mismo no cuente con el consenso de los ayuntamientos de Elche y Alicante. También censuró la «falta de tacto» del organismo provincial al dejar vacía una silla con su nombre en el acto que organizó la semana pasada para presentar el estudio de PwC sobre esta infraestructura. Igualmente, volvió a emplazar a las patronales de Valencia y Alicante a dialogar para lograr un acuerdo e insistió en que la Generalitat quiere un «interlocutor válido, que represente a los empresarios de la autonomía».