Los presidentes de las patronales de Almería, Murcia, Alicante y Valencia, junto con el de la autonómica andaluza, se reúnen mañana en Alicante para preparar una gran cumbre con la que exigir al Gobierno la finalización de Corredor Mediterráneo. Un acto con el pretenden recuperar la iniciativa sobre una reivindicación que en otro tiempo abanderaron estas organizaciones -ya hubo eventos similares en Lorca y Almería en 2014- y a la que la semana próxima se unirá la Asociación Valenciana de Empresarios.
La cita ha despertado un especial interés porque reunirá en la misma habitación al presidente de Coepa, Francisco Gómez, y al de la CEV valenciana, Salvador Navarro, en plena disputa por el nuevo modelo de patronal autonómica. Pero también pone de manifiesto la necesidad -o, al menos, la intención por parte de Coepa- de que estas provincias coordinen sus demandas ante los múltiples problemas que comparten y que aquí se relatan.
01 Corredor Mediterráneo y AVE
La línea Alicante-Murcia tiene una longitud de 78 kilómetros en vía única en ancho ibérico y vía doble en la variante de El Reguerón para largo recorrido, regionales, cercanías y mercancías con una velocidad máxima de 140 km/hora. A partir de ahí, a Almería ni tiene alta velocidad ni fechas para tenerlo.
El Ministerio de Fomento no prevé, sin embargo, que el Corredor Mediterráneo esté complemente operativo hasta 2025 en un eje que, sumando a Cataluña y Andalucía al completo, aporta el 50% de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de la exportaciones y que unido ocupa el 7 puesto de Europa en generación de PIB.
La Comunidad Valenciana, Murcia y Almería comparten también la A-7, la gran autovía del Mediterráneo por la que se canaliza el movimiento de las exportaciones, sobre todo la hortofrutícola, y es que el camión garantiza que las mercancías lleguen en 24 horas a los mercados europeos sin romper la cadena del frío. Según datos de los empresarios ligados a Feermed, se necesitarían 5.000 trenes al año para mover esta carga.
02 La agricultura como motor común de riqueza y empleo
Con más de seis mil millones de euros facturados por sus exportaciones y un crecimiento de las ventas al exterior del 15% en 2015 (último dato oficial) la agricultura de Alicante, Murcia y Almería junto al turismo, es una de las actividades que mejor aguanta la crisis, generando, además, empleo. Según el ránking del Instituto de Comercio Exterior, la agricultura es el segundo sector exportador tras el calzado con un crecimiento sostenido desde 2009, justo cuando en la franja mediterránea comenzó a sentir con mayor crueldad el derrumbe de la construcción. Alicante, Murcia y Almería mueven al año 5,6 millones de toneladas.
En total, la Comunidad Valenciana factura al año unos 3.300 millones de euros siendo las naranjas, limones, pimiento, tomate, lechuga, sandías y uva de mesa, los productos más demandados en Europa, según Fepex, la Federación Española de Empresas Exportadoras de Frutas y Verduras. Un 33% de la facturación corresponde a la provincia de Alicante, donde 116.029 familias trabajan directamente en el sector hortofrutícola y, por ende, dependen del agua que llega todos los años desde el Tajo, un río especialmente castigado por la sequía.
El valor de la exportación de frutas y hortalizas de Andalucía al año supera los 4.000 millones de euros con un incremento anual del 9%. La Comunidad Valenciana exporta por valor de unos dos mil millones de euros. La exportación de Andalucía exporta 2 millones de toneladas, la de Comunidad Valenciana 2,3 millones de toneladas y Murcia en torno a los 2,3 millones de toneladas, según la federación Fepex. La Comunidad Valenciana y Murcia exportan todos los meses a Europa, norte de África e incluso Senegal toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco.
La UE es el principal destino de la exportación de las tres provincias donde se produce el 82% del total de España, y es Alemania el principal receptor, seguida de Francia, Reino Unido y Países Bajos.
El mantenimiento de la evolución positiva de la exportación requiere medidas importantes como una reforma del régimen específico de frutas y hortalizas que mejore su eficacia, tanto en el ámbito de la gestión de crisis como de los programas y fondos operativos. Con relación a la reforma de la PAC, Fepex considera que su aplicación en España debe respetar tres principios: no discriminación entre agricultores que desarrollan la misma actividad, no distorsión de la competencia y proporcionalidad.
Pese a la falta de agua y con la tiranía de los precios, los regantes se encuentran ahora, además, con la firme decisión del Gobierno del PP de poner en marcha las desaladoras que criminalizó en la oposición y para las que, paradójicamente, firmó un crédito de 500 millones con el Banco Europeo de Inversiones en 2012.
03 A vueltas con el trasvaso del Tajo al Segura y la desalación
Y todo en un escenario marcado por la falta de agua. En el tema de los caudales, la situación es menos compleja en la provincia de Valencia, donde apenas hay falta de recursos esté como esté el río Júcar. No es lo mismo en Castellón, donde los agricultores siguen suspirando por el trasvase del Ebro. El panorama sí es bastante negro en Alicante, Murcia y Almería, provincias que comparten el mismo problema: el recorte de los aportes del trasvase Tajo-Segura. Una infraestructura sin la que hubiera sido posible alcanzar el grado de desarrollo y bienestar de esta especie de California europea que tiene el sol por bandera pero carece de agua.
El trasvase se diseñó para enviar todos los años 700 hm³ de agua a Alicante, Murcia y Almería, pero en la práctica el caudal no pasa de los 400 hm³ al año, que debe atender la demanda de cerca de tres millones de personas y miles de hectáreas agrícolas. Agua que llega desde el Tajo pero que no es gratis. Es más, los regantes de Murcia, Alicante y Almería han pagado en los últimos 30 años la friolera de 350 millones de euros para satisfacer las necesidades en infraestructuras de las comunidades cedentes del agua -Castilla-La Mancha y Madrid-, que no siempre se han utilizado para esos fines.
La sequía y las presiones políticas tienen contra las cuerdas el trasvase y la solución de la Administración no ha sido otra que tirar de las desaladoras. Un caudal polémico por su coste, que es cinco veces más caro y de peor calidad, que el del trasvase. Mientras el agua del Tajo se paga a 0,14 euros el metro cúbico, el desalado está en los 0,8 euros, aunque debido al decreto de sequía el Gobierno subvenciona la mitad de la tarifa en un situación coyuntural. Los agricultores exigen más cantidad de agua, conociendo, además, que el propio Ministerio de Agricultura que envía los recursos gota a gota, no tiene problemas para que el Tajo lleve todos los años 9.000 hectómetros cúbicos a Portugal, el triple del convenio firmado en su día por el Gobierno Aznar.
