La expresión «votar con los pies» fue introducida por el economista Charles Tiebout, ante la evidencia de un peligro, hecho realidad, por el que los titulares de grandes capitales y la propia actividad económica, emigran a otros territorios en búsqueda de una menor carga fiscal. Como es natural, la alarma se plantea en los países en los que su fiscalidad no está armonizada territorialmente, y también en aquellos Estados con una elevada presión fiscal cuando otros ofrecen mejores o similares condiciones sociales a cambio de menos impuestos.
Como nuestro país vive en una situación flagrante de desigualdad fiscal interregional, las voces de los expertos no cejan en la necesidad de que el Gobierno se decida, de una vez por todas, ante la ausencia de justicia tributaria e igualdad, a enfrentarse a un problema que roza los límites de lo inconstitucional, dado que las Comunidades Autónomas, haciendo uso de su capacidad normativa, se han empleado en forma desigual y arbitraria en las dos vertientes para las que estaban autorizadas: la reforma en los tributos preexistentes -subida y bajada de tipos impositivos y bonificaciones-; y creación de nuevos tributos que añadir a los cedidos por el Estado.
El galimatías se ha producido al pasar de las 48 figuras tributarias existentes en 2008, en las Comunidades de régimen común, a 75 en la actualidad, como resultado de 677 cambios normativos, que en su mayoría recaen sobre el medio ambiente, según datos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, con el fruto de tanto empeño apenas logra un 2,2% de sus rentas totales, como denuncia el REAF del Consejo General de Economistas en su reciente informe. Tanto legislar y derogar, para que el resultado sea una nadería y afecte sólo a colectivos muy pequeños. Eso sí, con tales viajes a la nada pueden aparentar lo mucho que se ocupan de sus ciudadanos.
Más allá de los muchos brindis al sol, la verdadera cuestión de las disidencias, reclamaciones y alarma social se muestra en los impuestos cedidos por el Estado, y especialmente en dos de ellos: el Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones, especialmente en las mortis causa, y el Impuesto sobre el Patrimonio, en los que las Comunidades han encontrado en estos años de crisis la fórmula, no tanto para equilibrar mejor sus presupuestos sino para atraerse el voto de ciudadano.
El Impuesto de Sucesiones
Las Haciendas gravan en la vida y en la muerte; en este último caso, resulta ciertamente ingrato, pero la Hacienda territorial no le hace ascos desde tiempo inmemorial; ya dijo B. Franklin que la muerte tiene conexión con los impuestos, porque son de las pocas cosas ciertas de esta vida, aunque no deberíamos de apenarnos, porque «en esta vida, por mal que lo hayas hecho siempre sales a hombros», dijo Jardiel Poncela.
Pese a que en la Constitución se asevera que todos somos iguales, en nuestro país, la desigualdad de la presión fiscal sobre las herencias es brutal, discriminatoria y alarmante, según cuál sea la región de residencia, y es que, en ciertas regiones, el fisco no deja morir en paz, hasta parece incitar al causante a hacer un viaje residencial antes de su último viaje.
Pero más allá de la quiebra al principio constitucional de igualdad, ocurre que las clases más altas eluden con facilidad el impuesto por tener su riqueza materializada en bienes y valores que escapan de él gracias a los muchos beneficios y prebendas fiscales que contiene. El Defensor del Pueblo, ante la dudosa constitucionalidad del Impuesto de Sucesiones, ya pidió en 2003 su supresión y al no hacerlo el legislador estatal, por ser un impuesto cedido, muchas autonomías aprobaron grandes bonificaciones sobre la cuota que casi lo dejaron exánime.
Por desgracia, en muchas comunidades, la crisis ha llevado a resucitar al tributo muerto, para que ayude a paliar sus necesidades financieras, mientras que otras han preferido mantenerlo en estado letal, de lo que resultan situaciones tan divergentes e injustas que causan la ira de los herederos maltratados.
Razones de la diversidad
Los defensores del impuesto se apoyan en que la prosperidad no debe basarse en la herencia sino en el mérito; en que contribuye a la redistribución de la riqueza al ser progresivo; que complementa la acción distributiva del IRPF y que ayuda a gravar la llamada «plusvalía del muerto», cuando ésta no se grava en la liquidación finiquita del IRPF.
Sin embargo, nuestra realidad fiscal muestra la desigualdad territorial y su escasa capacidad recaudatoria por el empleo de triquiñuelas e ingeniería fiscal que favorecen la elusión; ocurre que el impuesto terminal acaba pagándolo sólo la sufrida clase media, además de estar plagado de presunciones, ficciones legales y apoyarse en un concepto tan inconcreto y difícil de valorar como «el valor real».
Los detractores, además de argumentar su escasa eficacia distributiva por la leve recaudación, exponen elocuentes evidencias: que el patrimonio heredado ya ha sufrido a lo largo de la vida del finado una elevada carga fiscal, primero con ocasión de la percepción de las rentas, después, con el mantenimiento de la parte ahorrada como riqueza al existir el gravamen sobre el patrimonio, y a mayor abundamiento, en caso de bienes raíces del IBI, con este impuesto inmobiliario. Y se añade que el abuso fiscal en los supuestos de inexistencia de lazos familiares conduce casi a la confiscatoriedad.
La necesidad de homogeneizar o suprimir el impuesto, es una cuestión sempiterna, que ha sido motivo de atención esta semana. Al respecto, Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de economistas, ha abogado por la supresión del impuesto de Patrimonio y por una mayor igualdad en el de Sucesiones, mientras que el Presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha declarado: «el Impuesto de Sucesiones me parece escandaloso, lo eliminaría porque es pagar tres veces por lo mismo».
En resumen, que la muerte siempre es algo indeseado y no debería ser objeto de exacción fiscal si a lo largo de la vida del difunto, éste ya cumplió con
