Balón de oxígeno para el polémico promotor Enrique Ortiz. La denominada Sociedad de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), también conocida como «banco malo», ha llegado a un principio de acuerdo con el empresario alicantino para refinanciar más de 800 millones de deuda de distintas sociedades. El pacto, del que aún quedan por cerrar algunos flecos, supondrá que esta compañías tendrán dos años de carencia en el pago del capital y los intereses de los distintos créditos que tienen con Sareb a cambio de aportar nuevas garantías. En este caso, decenas de terrenos que Ortiz y sus firmas tienen repartidos por toda la provincia y que, a diferencia de la mayoría de suelo financiado por el banco malo, tienen mayores posibilidades de desarrollo.

La Sareb tendrá derecho de cobro preferente en el caso de que el empresario venda alguna de estas parcelas y también si el promotor logra beneficios con su desarrollo. Según explican fuentes oficiales de este organismo, el principio de acuerdo forma parte de la política de la entidad para evitar que aquellas compañías con actividad, como es el caso del grupo de Ortiz, acaben en la quiebra. Sobre todo, ante el importante número de trabajadores que se podrían ver afectados.

Además, la Sareb también considera que esta estrategia le da más posibilidades de recuperar un mayor porcentaje de la deuda, ya que se han aumentado las garantías y se prevé que el mercado inmobiliario mejore en los próximos años, lo que también facilitará que la empresa pueda pagar.

Del total de más de 800 millones de deuda que se refinancia -lo que incluye capital e intereses impagados-, alrededor de 600 millones corresponden al Grupo Urbanika, la sociedad que creo Ortiz con Bancaja y la Inmobiliaria Espacio para desarrollar diversos planes urbanísticos en toda la provincia. Entre ellos está el Plan Rabasa de Alicante, que la Justicia acabó tumbando, por lo que el suelo propiedad de la compañía mantiene la calificación de rústico y apenas tiene valor. El resto corresponde a otras mercantiles del empresario.

Este acuerdo se produce apenas unas semanas después de que el Sabadell decidiera reclamar al promotor alicantino su deuda en los juzgados, ante el fracaso de las negociaciones que habían desarrollado durante meses tras la anulación del Plan Rabasa. Uno de los juzgados llegó a embargar los pagos que el Ayuntamiento de Alicante realizaba a Ortiz por la limpieza de los colegios, un servicio al que acabó renunciando. Ante la presión, el promotor cedió y el retomó las conversaciones con la entidad catalana, a la que las distintas firmas del empresario deben 140 millones.