15 de febrero de 2017
15.02.2017
Medio ambiente

Las tiendas cobrarán desde 2018 hasta 30 céntimos por cada bolsa de plástico

El Ministerio de Medio Ambiente quiere limitar el consumo anual de bolsas subiendo los precios

16.02.2017 | 12:49
El Gobierno quiere acabar con las bolsas gratuitas en 2018.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) quiere adelantar al 1 de enero de 2018 la prohibición de que los comercios distribuyan bolsas gratuitamente. Además, incrementará el precio que algunos comercios ya cobran para aquellos consumidores que las solicitan. Así consta en un proyecto de Real Decreto que prepara este departamento para adaptar una directiva europea sobre reducción del consumo de consumo de bolsas de plástico ligeras.

El documento puede consultarse públicamente en la página web del MAPAMA desde el pasado 23 de diciembre, cuando lo abrió a participación pública, un proceso que finalizó el pasado 23 de enero.

Según la directiva europea, los Estados miembros deberán adoptar, al menos, una de las siguientes medidas: a) la adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no supera las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2025, o un objetivo equivalente expresado en peso; b) la adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos igualmente eficaces.

El proyecto de Real Decreto recoge que a partir del 1 de enero de 2018, queda prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o productos. Asimismo, establece que los comerciantes cobrarán una cantidad (desde un mínimo de 5 hasta un máximo de 30 céntimos en función de las características y usos), por cada bolsa de plástico que proporcionen al consumidor.

En todo caso, quedan excluidas de esta prohibición, y podrán entregarse de manera gratuita las bolsas de plástico muy ligeras que sean necesarias por razones de higiene o que se utilicen como envase primario para contener alimentos a granel a efectos de prevenir el desperdicio alimentario.

Además, el texto recoge que también a partir del 1 de enero de 2018, queda prohibida la comercialización de bolsas de plástico ligeras oxodegradables. El texto también recoge que las medidas contenidas en este real decreto no podrán generar un incremento del gasto público.

El Gobierno deberá llevar a cabo campañas de sensibilización al menos en el primer año desde la entrada de vigor de este proyecto de real decreto, y cumplir con las obligaciones europeas de marcado de las bolsas compostables, así como el procedimiento para la obtención de información en materia de bolsas al objeto de poder cumplir con la obligación periódica de suministro de información a la Comisión.

Doble impacto económico


En cuanto al impacto económico de esta medida, el análisis del impacto normativo señala que es previsible que el real decreto produzca un impacto en la economía general en un doble sentido.

Por una parte, señala que la gestión del Registro de Productores de Producto, que gestionará el MAPAMA y la realización, de forma obligatoria, de campañas de sensibilización suponen un gasto que deberá ser asumido por los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto al impacto presupuestario en las comunidades autónomas, y Entidades Locales en su caso, señala que sólo se producirá en lo que respecta a la realización de las campañas de sensibilización.

Por otro lado, el MAPAMA señala que la mayoría de las empresas del sector de la distribución está ya cobrando un precio por la bolsa de plástico, que oscila entre 0.01 céntimo de euro y 0.05 según el tamaño de la bolsa (se considera que estos precios incluyen el coste de fabricación). El proyecto de Real Decreto supone un incremento de coste desde estos precios, que serán asumidos por el consumidor que decida comprar las bolsas y que tienen como objetivo un efecto disuasorio. Por ello, precisa que el impacto económico en el consumidor se irá reduciendo conforme reduzca su consumo de bolsas.

En cualquier caso, basándose en los datos facilitados por el sector sobre el consumo de bolsas en 2014, el gasto en el consumo de bolsas se incrementaría aproximadamente en 788 millones de euros si se mantuviera el nivel de consumo de 2014 (último dato disponible).

No obstante, señala que en la medida en que los objetivos de reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras establecidos por la directiva comunitaria e incorporados en el real decreto y los fijados para las bolsas de más de 50 micras, pasan por reducir el consumo de todas las bolsas por habitante (las ligeras desde 147 en 2014 hasta 90 en 2020 y 40 en 2025 y un 30% las de más de 50 micras), se espera que el gasto asociado al consumo se reduzca paulatinamente.

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