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El 58% de las pensiones de Alicante está por debajo del salario mínimo

Más de 180.900 alicantinos retirados perciben menos de 707 euros al mes. Las prestaciones se han revalorizado sólo el 0,25% este año, mientras las previsiones de inflación superan el 1,5%

El 58% de las pensiones de Alicante está por debajo del salario mínimo

Juan y su hijo Manuel estaban esta semana viendo de cerca la evolución de una obra en Alicante. Aprovechaban los rayos de sol que se proyectaban en ese lado de la calle, al mismo tiempo que evitaban los efectos del molesto viento que soplaba. El padre, de 75 años, es jubilado de la construcción y su hijo, de 50, está parado y también procede del sector del ladrillo.

La familia reúne casi perfectamente todas las variables del impacto que la crisis, los contratos en precario y el desempleo han causado en los hogares alicantinos y en las prestaciones. El padre se situaría en la parte media de la tabla de perceptores de pensiones y la madre, en la baja. El hijo se encuentra en paro y sin ingresos, al haber agotado ya todos los subsidios. Sus padres le ayudan económicamente con la hipoteca. «Mientras yo viva, iremos tirando», asegura Juan, intentando restar pesadumbre al hijo que lleva cuatro años en sin trabajo. «Ahora, en la construcción prefieren contratar a uno joven que a uno de mi edad», se lamenta.

Al comienzo de 2017, la provincia contaba con 309.054 pensionistas y la cuantía media mensual se situaba en los 789,22 euros. Una cifra que no sólo está un 13,29% por debajo de la media nacional y un 5,88% de la autonómica, sino que, además, es una cantidad que ni siquiera alcanza a cobrar un 58,5% de los pensionistas de la provincia, cuya prestación está por debajo de los 707,60 euros al mes que representa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tras la última subida del 8% aprobada por el Gobierno para este año.

En total, los jubilados y pensionistas que perciben menos del SMI en Alicante son 188.811, según un informe elaborado por UGT en l'Alacantí-La Marina.

«La importancia de cotizar»

Juan, el padre, tiene una pensión media, que se encuentra en torno a los 1.500 euros al mes. «Porque coticé durante muchos años y, además, por la parte de arriba de la tabla, pensando en el futuro», comenta este jubilado de la construcción, sector donde tradicionalmente se percibían salarios más altos. La revalorización mínima de la pensión aprobada para este año del 0,25% «es proporcional a la pensión», añade su hijo. Igual proporcionalidad, pero con una cuantía inferior, ha significado, sin embargo, para su madre la actualización del 0,25%. «Venía cobrando unos 600 euros al mes, por lo que el aumento supone poco más de un euro», advierte su hijo. La madre trabajó como autónoma en el comercio y los últimos veinte años de cotización le sirvieron para llegar a una pensión de 600 euros. «Lo que está claro es que lo importante para percibir cualquier prestación y la propia pensión es cotizar a la Seguridad Social para, al final, poder alcanzar unas cuantías dignas. Pero lo que hace falta es que haya trabajo para que los negocios se muevan y la gente tenga ingresos», añadía su hijo Manuel.

Una opinión que comparte la secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina, Yaissel Sánchez. La dirigente sindical lamenta que en el contexto socio-económico actual de la provincia «la precariedad se está extendiendo del empleo a las prestaciones y a las pensiones. De forma indirecta, porque los contratos de corta duración impiden alcanzar mínimos de cotización para lograr pensiones dignas. Y, de forma directa, porque la mínima revalorización del 0,25% impuesta por el Gobierno, sin consultar con los agentes sociales, en la reforma de las pensiones de 2013 -que desvincula la revisión de estas prestaciones con el IPC- está haciendo perder poder adquisitivo a jubilados y pensionistas», denunciaba.

Su sindicato exige la derogación de la reforma «para que se elimine el factor de sostenibilidad a partir del cual se calculan ahora las pensiones, así como la actualización mínima del 0,25%», añade. En este sentido, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, advirtió esta semana en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo que en la actual situación, con la necesidad de cumplir los objetivos de déficit, todo parece indicar que las pensiones sólo se revalorizarán por el mínimo previsto en la ley, del 0,25% anual, durante el próximo lustro aproximadamente, lo que «estabilizará» el gasto en pensiones en torno al 10,5% del PIB actual, pero reducirá en siete puntos el poder adquisitivo de los jubilados en una década. Y para evitar, precisamente, una mayor pérdida de poder adquisitivo, UGT en l'Alacantí exige que para la actualización de las pensiones se tenga como referencia la evolución real del Índice de Precios al Consumo (IPC). De hecho, la sindicalista contrastaba «esta mínima revisión con las previsiones de alrededor del 1,5% que se encarecerá la cesta de la compra este año»

Juan también considera que la revisión del 0,25% «es muy pequeña, cuando la electricidad, la gasolina y los alimentos han subido. Sólo en enero y febrero, los ciudadanos vamos a pagar de recibo de la luz más que en todo el año», subraya. «Y las frutas y hortalizas están por las nubes», apunta su hijo Juan.

Agotado el subsidio del paro

Hace cuatro años que Manuel está en paro y ha agotado ya la prestación contributiva y el subsidio. «Ya no percibo nada. Cuando voy a solicitar trabajo en la construcción, me piden que me haga autónomo y el certificado de prevención de riesgos laborales, y eso cómo lo pago», se lamenta. Su mujer no tiene empleo seguro y algunos de sus cuatro hijos, tampoco. «A una hija la contratan en alguna campaña de temporada del comercio, en el mejor de los casos para tres meses. Y en la hostelería, la llaman para cuatro horas de vez en cuando».

«Lo que hace falta es que haya faena», insiste. Y ve bien que, finalmente, se apruebe una renta mínima (426 euros) para los parados sin recursos. La propuesta de la oposición ha superado el primer paso, al aprobarse el inicio de su tramitación. «Ahora hace falta que se pongan de acuerdo los partidos», añade Manuel. Su padre, sin embargo, cree que «es mejor que el dinero se destine a bonificar a las empresas para que contraten. Así se crearía empleo». Mientras no cambie la situación, la familia -«como muchas en Alicante», dice el padre- salen adelante con la ayuda de los padres, de los abuelos.

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