Nadie debiera asombrarse de que aquellos que se sienten muy perjudicados manifiesten, de una u otra forma su frustración, y son muchos los que se han visto negativamente afectados en sus intereses durante los últimos tiempos. Es verdad que la gestión neoliberal de la economía, en los últimos 30 años, ha dado lugar a un aumento de la renta en la mayor parte del mundo, pero eso no ha servido para que sus beneficios se hayan distribuido de una forma socialmente aceptable.
Apenas quedan economistas que no consideren que el mercado es una institución muy valiosa para organizar la vida social. Ahora bien, puesto que, en la práctica, apenas existen mercados perfectos como los que se describen en la teoría económica neoclásica, son muchos los que consideran que los gobiernos deben intervenir para corregir los fallos de mercado, porque es así como mejor se puede alcanzar un equilibrio socialmente sostenible.
Son muchos, pero no todos, ni mucho menos; también hay «fundamentalistas» del mercado. Estos defienden que las políticas totalmente liberalizadoras están justificadas, desde el punto de vista moral, porque las fuerzas que promueven la eficiencia económica son beneficiosas, incluso en el supuesto de que perjudiquen a los más débiles, dado que el aumento de la renta nacional permitiría que los ganadores compensasen a los perdedores.
Así podría ser; pero lo cierto es que, después, no sólo se han olvidado de tal redistribución, sino que, de facto, la han prohibido, con el argumento de que los impuestos, las transferencias sociales y, en general, la intervención del gobierno en la economía, perjudican los incentivos y distorsionan la competencia.
Lamentablemente, esto ha venido sucediendo, en mayor o menor medida, tanto con gobiernos conservadores como con socialdemócratas: eso que unos llaman el establisment y otros «la casta».
De aquellos polvos vienen estos lodos.
Existe un alto nivel de consenso en que una de las principales causas de todas estas revueltas populistas ha sido el aumento de la desigualdad y la reducción de la renta de las clases medias. Puede ser muy cierto, aunque resulta evidente que el populismo no va a aliviar los agravios a los que se han visto sometidas las clases que han resultado más desfavorecidas, sino que, muy al contrario, todavía los empeorará más.
Está por ver que, finalmente, Trump, aplique un arancel prohibitivo a los productos chinos, que repudie el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que se enfrente a la Reserva Federal -pretendiendo controlar totalmente a su Consejo de Gobernadores-- o que dinamite la sostenibilidad fiscal. Pero todas estas bravuconadas, como mínimo, están generando una inmensa incertidumbre, que perjudica a la economía, y que, si se convierten en realidad, darán lugar a unos resultados catastróficos.
Sólo un ejemplo: Trump amenaza con el proteccionismo, supongo que con la «leal» intención de recompensar a sus votantes de los estados industriales «oxidados», que son los que, en realidad, le hicieron presidente. Pero lo que no sabe él es que la única forma en que los trabajadores de tales industrias puedan volver a tener oportunidades económicas es que aumente significativamente su productividad y que, para ello, no se necesita protección, sino innovación y competencia. La intimidación política que ha venido practicando con los empresarios de la industria automovilística, destruirá más puestos de trabajo de lo que conseguirá conservar.
Nos queda mantener la esperanza de que, finalmente, no haga lo que está diciendo que hará.
¿Cómo repercute todo esto en Europa?
En 2017 tenemos importantes elecciones en Francia, Holanda, Alemania y, posiblemente, en Italia, con una clara y creciente amenaza de que se prodiguen los populismos proteccionistas, nacionalistas y xenófobos. No aprendemos nada de la historia.
Es evidente, como indicaba inicialmente, que el consenso que ha dominado la macroeconomía desde los años ochenta del pasado siglo, también ha afectado muy negativamente a Europa. Relegar la política fiscal a un papel secundario, concediéndole todo el protagonismo a la política monetaria, ha dado malos resultados.
El debate sobre el estancamiento secular, planteado, o revivido, por Larry Summers es particularmente instructivo: si las economías avanzadas se enfrentan a un largo periodo de escasez crónica de demanda, con exceso de ahorro y tipos de interés bajos, entonces, el activismo de la política fiscal, a través de la inversión pública, no debería limitarse a un papel estabilizador, a corto plazo, de corte keynesiano, sino que debería mantenerse de forma permanente hasta que se restaure el pleno empleo.
El Pacto Fiscal --que reforzó lo previsto en el Tratado de Maastricht„está perjudicando a Europa: nos ha conducido al desempleo, la deflación, el estancamiento y el descontento político. Por eso, las fuerzas que apoyan la desintegración europea están siendo, cada vez, más fuertes. El Pacto Fiscal no sólo ha sido negativo, sino que, además, incorpora características perversas, ya que aunque a un gobierno le resulte imposible cumplirlo, año tras año, en lugar de reconocer la realidad y buscar alternativas, se le insta a nuevos ajustes a medio plazo, con lo que las expectativas de las empresas se ven negativamente afectadas y sus planes de inversión se posponen.
Tenemos una gran oportunidad: convertir las amenazas antieuropeas de Trump en la ocasión perfecta para estar más unidos y fortalecer las instituciones de la UE, modificar el defectuoso -y a medio construir-- edificio del euro y avanzar en la integración.
Es urgente un cambio drástico en la gestión macroeconómica en la UEM y reformar sus instituciones para garantizar Todo esto parece difícil en un contexto en el que van a tener lugar las citadas elecciones y, además, se van a iniciar las negociaciones sobre el Brexit, arrojando una oscura nube de incertidumbre, y con las fuerzas desintegradoras apostando porque Reino Unido sea el primero en marcharse, pero no el único.
Pero difícil no significa imposible.
