El desarrollo de la Ley de Desindexación aprobada ayer por el Consejo de Ministros establece que los valores monetarios públicos -como rentas, precios o tasas- dejarán de estar vinculados al Índice de Precios de Consumo (IPC) y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos. Con esta norma, el Gobierno pretende evitar la denominada segunda ronda de inflación, es decir, la que supone un alza automática en los precios aunque los costes específicos de ese servicio no se hayan visto alterados -un ejemplo sería revisar un alquiler porque el IPC se ha incrementado por el encarecimiento de la electricidad-.
