La Audiencia de Alicante ha desestimado los recursos presentados por cuatro de los 21 acusados en el proceso abierto por el cobro de 600.000 euros en dietas por parte del último presidente de la CAM, Modesto Crespo.
Los exvicepresidentes de la caja Armando Sala y Ángel Martínez y los exconsejeros Benito José Nemesio y Salvador Piles presentaron un recurso contra el auto de apertura de juicio oral que el pasado junio dictó el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante.
El tribunal de la sección Primera ha respondido a los recurrentes que contra este auto no cabe recurso y que, en el supuesto de que alguno de los acusados considere vulnerado sus derechos, deben plantearlo con carácter previo a la vista oral, no en este momento. El juicio por estos hechos, que se celebrará en un juzgado de lo Penal, no podrá fijarse para antes de 2018 dada la carga de trabajo que arrastran estos departamentos.
El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol sostiene que López Abad ideó un plan para remunerar a Crespo como presidente de la caja, un cargo por el que ninguno de sus antecesores había cobrado y que tampoco él podía hacerlo dado su carácter gratuito y honorífico. Por ello, según explica el acusador público, se acordó crear un consejo de administración en una de la empresas participadas de la caja, Tinser Cartera S. L., para poder así nombrarle presidente y asignarle bajo el concepto de dietas 300.000 euros. anuales. Parte de esta cantidad se le abonó con carácter retroactivo. Su cargo en Tinser se aprobó el 27 de noviembre de 2009 y al frente del consejo de la CAM llevaba desde el 8 de junio de ese año.
El fiscal precisa que el empresario ilicitano cobró los 600.000 euros por algo que no les supuso «esfuerzo ni responsabilidad» y pide para él cuatro años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. La misma pena que reclama para López Abad, a quien considera «inductor y cooperador necesario» para la comisión de esos delitos.
En cuanto a los miembros del consejo de administración entiende el fiscal que todos son responsables de estos acuerdos dado que se adoptaron por unanimidad, aunque penaliza más a los miembros de la comisión de retribuciones.
