El secretario de Coepa niega ante el juez el desvío de fondos en el centro de oficios

Lillo ha comparecido este miércoles ante el juez durante aproximadamente unos 50 minutos en los que ha reiterado los argumentos de la organización empresarial frente a las acusaciones formuladas por el organismo público, que ha estado representado por la abogacía de la Generalitat, mientras que el fiscal no ha acudido.

El Servef decidió llevar a Coepa ante los tribunales después de que, durante un cruce de datos con el IVF, descubriera que se habían utilizado las mismas facturas para justificar las subvenciones concedidas por este organismo y la disposición de fondos del préstamo otorgado por el banco público. Además, en el escrito que presentó en los tribunales, también aseguraba que el importe total de estas facturas sólo alcanzaba los 4,7 millones cuanto la suma de las subvenciones y el importe del préstamo no devuelto llegaba a 6,8 millones, por lo que aseguraba desconer el destino de más de dos millones de euros. También señalaba que se había incumplido la ley al recibir dos subvenciones -las otorgadas por el Servef y el préstamo del IVF- para la misma finalidad.

Ante esto, José Ramón Lillo ha reiterado ante el juez las mismas explicaciones que los máximo responsables de la patronal ya han ofrecido públicamente en diversas ocasiones. Para empezar "que no existe ninguna incompatibilidad entre las ayudas del Servef y el crédito del IVF" porque éste último es un "préstamo de carácter mercantil" y, por tanto, no supone una subvención, según ha señalado el técnico a la salida del juzgado.

Todos los gastos justificados

Igualmente, ha atribuido a un "error" del Servef la denuncia por el supuesto desvío de fondos ya que para sumar los gastos "sólo ha tenido en cuenta las facturas de una de las más de cien empresas que intervinieron en la construcción del centro de oficios". En este sentido, Lillo ha insistido en que el conjunto de todas las facturas alcanzan los 6,8 millones de euros, por lo que todo el dinero estaría justificado debidamente. Al respecto, el secretario de Coepa ha acudido al juzgado con una voluminosa carpeta con todos los justificantes que ha propuesto entregar al juez, que ha pedido que dicha entrega se realice más tarde por los cauces ordinarios.

Por último, sobre la supuesta duplicidad de las facturas, el representante patronal ha señalado que en ningún caso se cobró dos veces los mismos trabajos y que lo único que se hizo fue utilizar "las mismas facturas para dos expedientes distintos", como establecía el procedimiento. En este sentido, los responsables de Coepa explican que el Servef exigía que los trabajos subvencionados estuvieran pagados con anterioridad, para lo que se utilizaba el dinero del crédito. Por tanto, primero se presentaba la factura al IVF para justificar la disposición de fondos del préstamo y luego al Servef para cobrar la subvención, que se utilizaba para seguir con los trabajos.

Por su parte, el abogado de la Generalitat ha preguntado por el estado actual del centro y hasta cuándo había mantenido su actividad. No hay que olvidar que el Servef también mantiene un expediente administrativo abierto contra la patronal para reclamarle las ayudas ya que una de las condiciones de las mismas era que el edificio se destinara a formación durante un mínimo de 10 años, algo que no se habría cumplido, según la administración autonómica.

En la actualidad, Coepa está pendiente de traspasar la titularidad del centro de oficios al Instituto Valenciano de Finanzas, que debe quedárselo como dación en pago por la hipoteca que tiene pendiente el edificio, según el plan de viabilidad aprobado por el juez para que la patronal saliera del concurso de acreedores