Con el importe que va a alcanzar la factura de este mes, seguramente más de uno habrá barajado la posibilidad de instalar unas placas fotovoltaicas que le permitan, como mínimo, rebajar el recibo final, cuando no cortar directamente el cable que lo conecta a la compañía eléctrica. Pero la realidad es bastante más complicada, como prueba el hecho de que en toda la provincia sólo haya 12 instalaciones de autoconsumo legalizadas, es decir, inscritas en el registro obligatorio que tiene el Ministerio de Industria a tal efecto.
Mientras que en buena parte de Europa y en Estados Unidos esta alternativa está cada vez más implantada y supone una opción real de ahorro -además de contribuir a la dismunición de las emisiones contaminantes-, en España el decreto que aprobó el Gobierno en 2015 para regular esta actividad supone una auténtica losa para su desarrollo, tal y como denuncian las principales organizaciones que agrupan a las empresas del ramo, como Asener o Unef, y otras de carácter más generalista, como el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca).
«El autoconsumo en España está en punto muerto porque, tal y como han redactado la normativa, es muy difícil rentabilizarlo», asegura el presidente de Asener, Fernando Amat. Por ejemplo, la legislación española prohíbe expresamente que se puedan compartir las instalaciones entre varios propietarios, lo que en la práctica imposibilita que los vecinos de un bloque de pisos puedan ponerse de acuerdo para instalar unas placas fotovoltaicas en la terraza y abastecerse de ellas. Cada uno debería contar con su propia instalación, lo que resulta casi siempre materialmente imposible por falta de espacio (no hay que confundir las placas fotovoltaicas con los acumuladores de calor para agua caliente que ahora la normativa obliga a poner en los nuevos edificios, que ocupan bastante menos).
Energía desperdiciada
Quienes disfrutan de la ventaja de vivir en una casa unifamiliar no tendrán este problema pero, aún así, difícilmente podrán sacarle provecho. Básicamente, porque casi nadie está en casa cuando se produce más energía solar -en las horas centrales del día- y, por el contrario, los mayores consumos se registran por la noche o por la mañana, tal y como apunta el miembro de la junta directiva de Ineca, Luis Navarro. En otros países este problema se soluciona con la aplicación de lo que se conoce como balance neto. Es decir, durante las horas del día, la electricidad que generan las placas de los particulares se vuelca a la red y las compañías la utilizan para suministrar a otros clientes, como comercios o industrias. Posteriormente, esos kilovatios se descuentan de los que consuma la familia en cuestión por la noche, de forma que sólo pagará por la diferencia entre unos y otros.
En España la legislación no contempla ese balance y si alguien quiere cobrar por la energía que su instalación aporta a la red, debe darse de alta como productor de electricidad, lo que supone unos trámites tan complicados que la mayoría renuncia a hacerlo, asegura Fernando Amat. La alternativa es comprar una batería que permita acumular la energía producida durante el día, pero entonces es cuando los costes se disparan. Si una instalación fotovoltaica llave en mano y legalizada puede salir por unos 4.500 euros, según Navarro, la compra de un acumulador supone un mínimo de 6.000 euros más, con lo que rara vez compensa el ahorro. «Hay que realizar muy bien los cálculos de lo que se necesita», asegura, por su parte, Junco Riera, de Enerficaz.
Por último está el llamado «impuesto al sol», que afecta a aquellas instalaciones de autoconsumo de más de 10 kilovatios. El Gobierno considera que estas instalaciones deben contribuir al mantenimiento de las redes de distribución y, de la misma manera que se paga una cantidad fija por cada kilovatio de potencia que tenemos contratado con la compañía distribuidora, estas instalaciones deben pagarlo por cada kilovatio que generan y no sólo por los que toman de la red, lo que reduce enormemente el ahorro que se logra. Esta semana toda la oposición se ha unido en el Congreso para exigir al Gobierno que rectifique todos estos apartados de la ley.
