Por segundo año consecutivo, la Comunidad Valenciana vuelve a perder tejido productivo debido a las empresas que deciden trasladarse a otras autonomías, casi siempre, en busca de una fiscalidad más ventajosa para sus propietarios. Durante el último ejercicio, hasta 442 sociedades radicadas inicialmente en la Comunidad optaron por cambiar su domicilio social a otras regiones españolas, frente a sólo 382 que realizaron el camino inverso. Un balance negativo de 60 compañías que duplica el registrado en 2015, de acuerdo con los datos facilitados por Axesor, la primera agencia de rating española.
Tan sólo Cataluña, que perdió 271 sociedades; Navarra, con 76 y el País Vasco, con 66, presentan unos resultados peores que los valencianos, según las citadas fuentes, que no entran a valorar los motivos de estos desplazamientos. No obstante, si en el caso catalán es fácil adivinar que buena parte de esta fuga empresarial puede atribuirse al proceso secesionista que impulsa la Generalitat de Carles Puigdemont, en la Comunidad Valenciana son los elevados impuestos -sobre todo, el de Sucesiones y Donaciones, que acaba de subir el Consell, y el de Patrimonio-lo que más influye en la decisión de marcharse, según coinciden en apuntar tanto el presidente de Coepa, Francisco Gómez; como el de Cepyme, Cristóbal Navarro.
La prueba es que las autonomías más beneficiadas por la fuga de empresas valencianas son Madrid, donde ambos impuestos están prácticamente suprimidos o bonificados al 99%, y Murcia, que también acaba de rebajar la fiscalidad que se aplica a la hora de heredar la empresa familiar. Así, el año pasado se trasladaron a la capital del Estado 181 firmas de la autonomía, 30 más que durante el ejercicio anterior y 64 más de las que vinieron a la Comunidad desde allí.
El poder de atracción que Madrid ha logrado gracias a sus bajos tributos es de tal calibre que, durante la pasada conferencia de presidentes autonómicos, fueron varios los mandatarios que acusaron a Cristina Cifuentes de practicar el «dumping fiscal» para ganar residentes de rentas altas. Una situación que llevó a varios representantes autonómicos a reclamar la armonización de los impuestos cedidos para acabar con esta ventaja de la capital, incluido el presidente valenciano, Ximo Puig, que unas semanas antes ya había calificado a Madrid de «paraíso fiscal».
Claro está, que los presidentes que se quejaron lo que querrían es equiparar al alza estos impuestos cuando los empresarios reclaman justamente lo contrario. «No me extraña que las empresas se marchen con la política fiscal que está aplicando el Consell, que pone en riesgo la continuidad de muchos negocios familiares de tamaño medio», aseguró ayer a este diario el presidente de Coepa y de Aefa, Francisco Gómez, en referencia a los últimos cambios que ha realizado la Conselleria de Hacienda en el Impuesto de Sucesiones y que ha encarecido las herencias.
«Lo que habría que hacer es unificar de una vez estos gravámenes y que se haga una política fiscal común. Nadie concebiría, por ejemplo, que en cada comunidad autónoma se pagara un IVA diferente», apuntó, por su parte, el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, quien, no obstante, también señaló que algunas firmas deciden trasladarse a la capital «por cuestiones de imagen, cuando quieren abrirse camino en el exterior».
En cualquier caso, tanto Navarro, como Gómez descartan que esta fugas se produzcan porque la Comunidad Valenciana haya perdido atractivo como destino para los inversores y ponen como prueba el interés cada vez mayor de las firmas extranjeras por la zona.
Millones en juego
Para dar una idea de lo que está en juego en estos traslados basta señalar un dato: el conjunto de empresas que se marcharon a otras autonomías tenían una facturación conjunta de 356 millones de euros, según los datos de Axesor. Una riqueza que ahora disfrutan y paga sus impuestos en otras partes de España.
