El secretario general de Coepa, José Ramón Lillo, sólo tendrá que declarar como testigo y no como investigado -la nueva figura que sustituye a la de imputado- en la causa judicial abierta por un presunto fraude en subvenciones y el supuesto desvío de dos millones de euros en la construcción del centro de oficios de la patronal. De esta forma, el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha aceptado el recurso presentado por la organización empresarial, que alegó que Lillo no tenía ningún cargo de representación en la patronal cuando sucedieron los hechos que se investigan ya que su designación se produjo en junio del año pasado, tras el ERE que redujo a dos personas la plantilla de la organización.
De hecho, como ya avanzó este diario, fue la propia Coepa la que pidió la comparecencia de José Ramón Lillo ante el juez aunque únicamente con el objetivo de explicarle toda la documentación que se ha remitido sobre la construcción del polémico edificio y que, a juicio de sus responsables, demuestra que no se produjo ninguna irregularidad ni fraude. Una propuesta que la patronal realizó después de conseguir que el juez retirara previamente la citación a su actual presidente, Francisco Gómez, con el mismo argumento de que no formaba parte de la organización en aquella época.
Desde la patronal esperaban que se llamara a José Ramón Lillo para testificar pero el instructor decidió hacerlo como investigado, lo que ocasionó el citado recurso, al que no se opusieron ni el fiscal ni el abogado de la Generalitat.
Denuncia del Servef
Fue el Servef quien decidió denunciar a Coepa ante la justicia de que un cruce de datos entre este organismo y el Instituto Valenciano de Finanzas detectara que se habían utilizado las mismas facturas para justificar la disposición de fondos de la hipoteca concedida por el banco público para construir el edificio, y el cobro de las subvenciones con la misma finalidad. A pesar de que inicialmente se puso el asunto en manos de la Intervención de la Generalitat, la anterior secretaria autonómica de Economía, María José Mira, decidió no esperar y acudió a los juzgados al comprobar, además, que el importe conjunto de todas las facturas entregadas -4,77 millones- era dos millones de euros inferior a la suma de las ayudas más el crédito no devuelto, lo que hacía un total de 6,8 millones, y señalaba que se ignoraba el destino de este dinero. Además, sostenía que se había cometido un fraude al recibir dos ayudas -el préstamo del IVF y las subvenciones del Servef- con la misma finalidad.Desde Coepa niegan haber cometido ninguna irregularidad y, en especial, recalcan que ninguna empresa de las que participó en la construcción del centro de oficios -entre ellas CHM, del expresidente de Coepa Rafael Martínez Berna- cobró dos veces por el mismo trabajo. Así, apuntan que, simplemente, se utilizaron las mismas facturas para dos procedimientos administrativos distintos. De hecho, aseguran que era lo que establecía la ley, ya que el Servef obligaba a que los trabajos estuvieran pagados -lo que sólo podía hacerse disponiendo de los fondos de la hipoteca- antes de liberar las subvenciones. También sostienen que los dos millones que supuestamente faltan se debe a que, para la petición de subvenciones, sólo se aportaron las facturas de la constructora principal porque eran suficientes para cubrir el importe de las ayudas, pero que faltan por contabilizar el resto de facturas que se abonaron a las demás firmas que participaron en el proyecto. También señalan que el préstamo del IVF no tiene consideración de subvención, por lo que no se ha incurrido en fraude de ley.
